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5.000 libros quemados en Canadá por “prejuicio contra los indígenas”

En 2019 el Conseil scolaire catholique Providence sacó unos 5.000 ejemplares de libros de Tintín o Astérix y Obélix por “prejuicio contra los indígenas”, con afán de “reconciliación con las primeras naciones”. Un acto que pronto ha sido repudiado por los políticos canadienses.
La otra cara de esta reconciliación queda los abusos de la la industria minera canadiense asentada en países de América Latina y África.

Fragmento de la portada de 'Tintín en América'.

En este lado del océano estamos acostumbrados al debate en torno a la presencia de estatuas de Colón tanto en suelo español como en latinoamericano. Sin embargo, en otras latitudes esta cuestión trasciende y entra de lleno en bibliotecas y escuelas.

«Un gesto de reconciliación»

Así ocurrió en Canadá. Una asociación escolar de Ontario decidió, no sólo retirar 5.000 ejemplares de algunos libros de Tintín o Astérix y Obélix, sino quemar otros tantos en el proceso.

El Conseil scolaire catholique Providence habría celebrado este acto en 2019. Una ceremonia con la que pretendía «enterrar las cenizas del racismo, la discriminación y los estereotipos», «un gesto de reconciliación con las primeras naciones». Lyne Cossette, portavoz de esta junta, aseguró a la prensa que formó un comité y que los libros fueron evaluados antes de la quema, contando con «muchos encargados de los conocimientos y saberes ancestrales». Así mismo, recalca que no todos los libros se quemaron, sino que fueron usados como fertilizante de manera simbólica.

Unas elecciones marcadas por la polémica

El acto no salió a la luz hasta el pasado septiembre, justo antes de las elecciones federales que se celebraron el día 20. Pronto, los políticos del país dieron su respuesta a ello. Justin Trudeau se opuso fervientemente a la quema de libros. Por otro lado, el líder del Bloc Québécois, Yves-François Blanchet declaró en una rueda de prensa:«no quemamos libros», «nos exponemos a la historia, la explicamos, demostramos cómo la sociedad ha evolucionado o debe evolucionar».

Sin embargo, esta polémica no vino sola. A lo largo de este año se hallaron fosas con centenares de menores en los alrededores de diversos internados para indígenas. Entre 1883 y 1996, unos 150.000 menores habrían sido obligados a vivir en 139 instituciones de este tipo, donde los castigos físicos y la violencia sexual habrían sido la norma entre sus muros. Ante el primer descubrimiento en mayo, Justin Trudeu lo calificó como un «doloroso recuerdo» de «un vergonzoso capítulo de la historia» del país.

La otra cara de Canadá

Esta actitud de reconciliación y arrepentimiento por ese pasado contrasta con la realidad socioeconómica del país. Su riqueza mineral y de recursos naturales hace que una de las principales industrias canadienses sea la minera. Una industria que se expande y trasciende las fronteras canadienses para asentarse en países latinoamericanos y africanos.

En América Latina la minería canadiense aterrizó en la década de los noventa. En Argentina y Chile el conflicto con la minera Barrick Gold dura más de una década, así como se acusa a Goldcorp por la mina de Marlin en Guatemala, alegando un fuerte daño mediambiental. Sin embargo, las protestas contra las mineras canadienses van más allá y alegan que no sólo la violencia se dispara en aquellas zonas a las que llegan, sino que en muchas ocasiones obligan a poblaciones a desplazarse.

Lo cierto es que en el último año la presencia de corporaciones mineras canadienses ha disminuido en América Latina, no así las poblaciones locales acusan un “legado tóxico”. En Perú, donde la empresa Pan American Silver tiene el mayor número de explotaciones mineras, el Estado reconoció que en aquellas ciudades donde la empresa emprendía sus acciones había tenido que atender a personas afectadas por problemas de salud relacionados con metales pesados y sustancias químicas derivadas de esa actividad.

Por otra parte, tres refugiados de Eritrea testificaron en contra de la minera Nevsun Resources, que extrae oro, cobre y cinc en el país africano. De acuerdo con la demanda presentada por los tres extrabajadores —Gize Ybeyo Araya, Kesete Fshazion y Mihretab Yemane Tekle—, la empresa se habría abusado de los empleados, llegando a la esclavitud y el trabajo forzoso, además de tortura durante la construcción de su mina de cobre y oro en Eritrea. Los afectados declararon que se les ató y golpeó y se les dejó bajo el sol durante horas mientras cobraban 30 dólares al mes. No podían cogerse ninguna baja por enfermedad y, de hacerlo, podría haber represalias para la familia.

Después de una larga batalla legal, la empresa habría acabado indemnizando a los trabajadores con una desconocida, pero “simbólica” cantidad de dinero.

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