España, que tan gustosamente se lucra de su patrimonio, tiene un raro vicio por destruirlo. Ya la semana pasada hablamos de la iniciativa del consistorio sevillano de instalar una tirolina en la Torre del Oro, sin embargo, esta semana vuelve a saltar la alarma.
El Ayuntamiento de Huelva dio luz verde a la construcción de cuatro bloques de viviendas, de entre 12 y 15 plantas, sobre el cabezo de la Joya y su necrópolis. El enclave, desconocido para muchos, es un yacimiento tartésico del periodo Orientalizante (entre finales del siglo VIII y la segunda mitad del siglo VI a.C.), uno de los más importantes de la Península Ibérica y el mundo. Colectivos como Huelva Te Mira se han posicionado en contra y han presentado un recurso, alegando que el plan de obras es “incompatible con los valores naturales, culturales, ambientales y paisajísticos del cabezo”.
Descubierto en los años 60 gracias a los trabajos del arqueólogo Juan Pedro Garrido Roig, ya en 2019 se sometieron a trabajos de conservación, y hoy corren el peligro de yacer bajo bloques de hormigón.
Los atentados contra el patrimonio no quedan aquí. Esta misma semana Madrid dijo adiós a las Cocheras de Cuatro Caminos. Los primeros talleres, garajes y almacenes del que fue el primer metro de Madrid sucumben bajo las ansias especulativas de una cooperativa, Residential Metropolitan, que pretende construir hasta 443 viviendas sobre el solar. Por supuesto, la obra se efectúa con el beneplácito del Ayuntamiento de Madrid. La única posibilidad de frenarlo se dio con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, que fue recurrida por el área de Desarrollo Urbano.
La contienda sobre este emplazamiento se remonta a 2014, cuando el Metro de Madrid lo vendió por 88 millones de euros a una cooperativa en el círculo del grupo Ibosa. El proyecto plantea la construcción de 443 viviendas repartidas en diversos edificios, uno de ellos de hasta 35 plantas y 105 metros de altura. Los colectivos, en respuesta, quisieron detenerlo mediante, primero, la declaración de las Cocheras como Bien de Interés Cultural (BIC) para su definitiva protección y, segundo, declarar las obras como ilegales. Sin embargo, el TSJM sólo les dio la razón en lo segundo.
Esto sucede la misma semana en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se fotografía junto a la réplica del templete de Antonio Palacios en la Gran Vía, declarando que es necesario recuperar los elementos que dieron esplendor al suburbano madrileño. Algo semejante haría la Consejería de Transporte en las cocheras de Plaza de Castilla, donde incorporará techos antiguos porque se plantea la construcción de un Museo del Metro, proyecto que se propuso para Cuatro Caminos y que fue rechazado por el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y Residential Metropolitan.
Todos estos ataques al patrimonio tienen en común la voracidad del capital. Por un lado, la destrucción del patrimonio en favor de la especulación con la vivienda. En un país donde los jóvenes no pueden permitirse una vivienda propia y aquellos que ya la tienen corren el peligro de ser desahuciados, ¿para quién se construye si no para fondos buitre y especuladores que se frotan las manos a costa del obrero? Por otro lado, todas estas acciones, pese a las múltiples protecciones jurídicas, son consecuencia de la avaricia más visceral de unas instituciones que únicamente representan al capital y a su beneficio propio. Evidencian, también, de la necesidad de tomar conciencia y poner en valor la relevancia del patrimonio cultural como herencia de nuestro pasado, la necesidad de conservarlo y estudiarlo.
Todas estas hazañas del capital demuestran de forma flagrante que el capitalismo es incompatible con la vida misma y todo vestigio de ella.
