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Panamá: El mito de la bonanza canalera

El Canal aportó 2 mil 80 dólares al Estado Panameño en 2021, pero poco de ese dinero de ve reflejado en cambiar la realidad de un país donde la pobreza supera el 23 por ciento.

Canal de Panamá. Fuente: ACP

Si a uno le mencionan Panamá, ese istmo minúsculo ubicado al centro de América, son muy pocas cosas las que se pueden venir a la cabeza. Lo primero, es ese aún escándalo fresco de los Panama Papers y los Pandora Papers, eventos que dejan en evidencia el papel de la pequeña nación en el juego de los capitales del mundo. De forma más jovial se podría hacer referencia a Roberto Durán, esa gloria del boxeo panameño de la década de los 70 y 80 que hoy vive sus días en la ruina y añoranzas de glorias pasadas. Finalmente, se podría también, en esa misma mención, como tema trillado, al Canal de Panamá.

No es para menos, la ventajosa ubicación geográfica del istmo siempre ha sido uno de los principales atractivos. Ya decía el dictador Omar Torrijos, “Panamá tiene el problema de las mujeres de cintura estrecha, todas las potencias la desean”. Y es que desde la conquista, las mercancías pasaban de un océano a otro por sus territorios. A mediados del siglo 19, y el descubrimiento de grandes reservas de oro en California, los Estados Unidos impulsan la construcción de un ferrocarril para transportar la riqueza de una costa a otra, evitando el inhóspito recorrido en suelo propio. La importancia estaba confirmada, y ya a finales de ese mismo siglo, los franceses comenzaron la construcción de un Canal que fracasaría diezmado por la malaria, la falta de experiencia y uno de los escándalos de corrupción más sonados de la época. Al fracaso sucedieron los de siempre, los representantes del “Tío Sam” tomaron la iniciativa y posterior a promover la separación del Gran Colombia aupando a un grupo de élites criollas, dan inicio a un juego político que le permite retomar la construcción de vía interoceánica, garantizando su propiedad y la de un territorio de 1432 kilómetros cuadrados que la rodeaban a perpetuidad. La famosa Zona del Canal.

No es el fin de este artículo, pero es necesario entender que desde ese momento, fueron décadas de lucha popular en las calles, y litros de sangre derramados el precio que se tuvo que pagar para recuperar la soberanía del territorio y el uso del recurso. Un retorno, que se cumplió el 31 de diciembre de 1999, prometía que desde ese momento los frutos estarían al servicio de todos los panameños.

No hubo mayor mentira. Cuando se fue el último soldado “gringo” de la Zona, eran las élites criollas las que ocuparon el territorio. La administración del Canal pasó a manos de los “buenos apellidos” y los recursos siguen estando lejos de beneficiar a todos los panameños, como se prometió desde un principio.

Para analizar el problema general hay que hacer una radiografía  de lo que ocurre a lo interno. La Administración del Canal se maneja como una empresa privada donde los ejecutivos gana salarios disparatados. El recién llegado administrador Ricaurte Catin Vásquez, tiene un salario de $14,666.67 más los gastos de representación por $12,000.00, para un total de $26 mil 666. La sub administradora $17878.17 mensuales. Algo que roza la burla en un país donde el salario mínimo promedia en los 500 dólares, y donde casi la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad laboral.

Pero mantengámonos conversando de los temas internos. Mientras la junta directiva se da la vida reyes, los que mueven la vía, los trabajadores, cuentan otra historia. Los sindicatos del Canal señalan que la mayoría de las contrataciones se están dando de manera temporal. Agregan jornadas que superan las 16 horas consecutivas y hasta 7 días seguidos de turnos de media noche. La mayoría del equipo que usan está obsoleto y se están evadiendo los llamados de los trabajadores para renovarlo. Además denuncian que los procedimientos operativos son inseguros.

Esto en un medio laboral que catalogan de “tóxico”, plagado de nepotismo y amenazas. Sumado a esto, existe una fuerte persecución a la labor de los sindicatos.

Hay más, el manejo secreto de las cuentas que permite la actual ley, hace que los negocios entre amigos y familiares sean pan de cada día. Un ejemplo de esto fue cuando se adjudicó en 2011 a Astilleros Armón la compra de 14 remolcadores por valor de 158 millones de dólares. La operación podría haber sido como cualquier otra, pero resultaba que esta empresa española había como abogado de su nueva filial en Panamá a Jorge Alexander Quijano, hijo de Jorge Luis Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en ese entonces.

Pongo este ejemplo, para que se vea con pruebas, como se festina a lo interno con el sacrificio de un pueblo. Pero pasemos, para no aburrirlos, a aquella falsa promesa de que el Canal beneficiaría a todos los panameños.

Omar Torrijos poco antes de la firma de los tratados de 1977, que devuelven la vía y las tierras aledañas a manos panameñas, afirmaba: “El recurso más grande, la más grande riqueza que este pueblo tiene, que es el Canal, debe estar al servicio de la economía de este pueblo y no al servicio de unos pocos. No crean que vamos a cambiar por amos nativos los amos yanquis. No, eso es mentira”.

Nada más lejos de la realidad. Cuando las pantallas de televisión mostraban la festividades de la devolución aquel fin de año de 1999, la gente pensaba que todos los problemas del país se acababan, sobre todo la pobreza y la desigualdad en uno de los países más equitativos del mundo.

El Canal aportó 2 mil 80 dólares al Estado Panameño en 2021, pero poco de ese dinero de ve reflejado en cambiar la realidad de un país donde la pobreza supera el 23 por ciento, donde más de 150 mil personas subsisten con menos de un dólar diario, donde cerca de un millón 200 mil personas carecen de techo propio, o donde más del 50% de los niños por debajo de los 5 años se encuentran desnutridos.

El economista Juan Jované asegura que los frutos del Canal han ido a tapar el hueco fiscal que dejan los que más tienen y no a resolver el problema de los que menos. No miente, según información de la Dirección General de Ingresos (DGI), en el periodo que comprende entre los años 2009 y 2019, la evasión del impuesto sobre la renta por parte de las empresas fue de $34,968.3 millones.

Ahí va el recurso. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Panamá solo invierte un 7,4% de su Producto Interno Bruto en Gasto Público. Lo que se traduce, entre otras cosas en un 25% de la población sin acceso a servicios sanitarios, un 5% de la población sin acceso a agua potable, más de 800 escuelas multigrados en condiciones infrahumanas, un 11 por ciento de la población que sufre de desnutrición y un 19 que se alimenta de forma inadecuada.

Evidentemente el retorno de la vía no llegó a todos. Panamá y sus portadas de revistas de edificios de lujo no son más que la máscara de oro de un leproso.

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