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Presidente de Guatemala sugiere retomar la pena de muerte

Alejandro Giammattei consideró que se trata de una necesidad para combatir ciertos delitos.

Alejandro Giammattei, Presidente de Guatemala

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, expresó el jueves en el departamento de Izabal (noreste) que en su país se debería retomar la aplicación de la pena de muerte para enfrentar ciertos delitos.

Al concluir un acto público, el jefe de Estado solicitó al Congreso “que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay necesidad de la pena de muerte, que lo hagan”, dijo a medios locales.

Agregó que evaluará cualquier solicitud que le remitan para aplicar ese castigo, en declaraciones que tuvieron lugar tras el asesinato, el miércoles pasado, de una niña de ocho años en el departamento de Petén (norte).

La menor (Sharon Figueroa) desapareció del patio de su casa el lunes y su cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de violencia en manos y rostro. Los forenses concluyeron que murió por asfixia.

“Es hora de que vayamos pensando, por ejemplo, en que el crimen de esa niña debería de ser condenado con la pena de muerte”, recalcó Giammattei, quien confirmó a la prensa que dos personas presuntamente responsables del hecho ya fueron detenidas.

Tras las declaraciones del mandatario, el ministro de Gobierno, Gendri Reyes, informó a la prensa que enviará al Congreso una propuesta de reformas al Código Penal y al Código Penal Procesal.

El funcionario se refirió a la posibilidad de que para ciertos delitos no haya lugar a medidas sustitutivas, por lo que los criminales habrían de permanecer en prisión y no tendrían la oportunidad de cometer nuevos delitos.

La Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, pero no se aplica desde el año 2000. En el 2004 se derogó el decreto que regulaba el indulto y permitía al Presidente suspender o no la ejecución.

En 2017, la Corte de Constitucionalidad declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de este castigo para varios tipos de delitos graves, tras estimar que el país debía alinearse con acuerdos internacionales de derechos humanos.

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