Los trabajadores de la energética Abengoa salen a la calle a defender el sector estratégico de la energía. Abengoa está pendiente de un rescate por parte de la SEPI en caso de que lo apruebe su asesoría, llamada Grant Thorton.
También entra en el escenario un fondo estadounidense, TerraMar Capital LLC, fondo de inversión californiano que pretende hacerse con Abengoa adquiriendo el 70% de sus participaciones. Dados los precedentes de este fondo buitre los trabajadores temen lo que pueda pasar, ya que este fondo californiano. Creado en 2016, es especialista en despiezar empresas y venderlas por partes. Solamente ha realizado tres adquisiciones de compañías desde su fundación. Estas son: una productora de caucho para neumáticos, una franquicia de venta de caramelos y una franquicia de boutiques de ropa. La primera fue a la bancarrota en 2018 dejando a los trabajadores en la calle. La última, por su parte, lleva aparejado un plan de cierre del 50% de sus establecimientos y el despido de sus trabajadores.
Trabajadores de Abengoa en plena protesta en la Plaza de España de Sevilla.
El consejo de empresarios de Abengoa S.A. envió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que se indicaban las líneas generales de su nuevo plan de reestructuración. Cuyo resultado final es que el fondo californiano se haga con el 70% de la filial de Abengoa. Abenewco1 incluye todos los activos y empleos de la compañía. La oferta consiste en la aportación de 150 millones en préstamos y 50 millones a través de una ampliación de capital. El plan de reestructuración requiere de la participación del Estado, una inyección de dinero público por parte del Estado mediante préstamos y avales de las agencias estatales ICO y Cesce por valor de 250 y 300 millones, y del SEPI, que aportaría 249 millones.
Es posible observar de nuevo, la inyección de dinero público por parte del Estado para después vender la soberanía energética poderes oligárquicos extranjeros. Sin embargo, existe una fórmula que reclaman los trabajadores, quienes apuestan por nacionalizar la empresa y alegan al artículo 373 de la ley de Sociedades de Valores. Permite que el Gobierno, ante la liquidación de una sociedad considerada como crítica para la economía o el interés social, puede intervenir la empresa. Únicamente se necesita que lo soliciten un quinto de sus accionistas o sus trabajadores. Los precedentes hacen preveer que esta dirección es difícil, aunque los trabajadores insisten en no vender sus puestos de trabajo. Resulta obvio que no quieran depender de especuladores y de fondos “buitre”, tanto locales como extranjeros.
