Si ayer cubríamos la noticia de la llegada de más de 10.000 inmigrantes marroquís ilegales a la ciudad de Ceuta, la indignación en España solo ha ido en aumento. Tras la jornada de inmigración masiva, el presidente de España, Pedro Sánchez, ha lanzado unos mensajes contradictorios a su práctica.
Mi prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Sus ciudadanos y ciudadanas deben saber que cuentan con el apoyo absoluto del Gobierno de España y la máxima firmeza para velar por su seguridad y defender su integridad como parte del país ante cualquier desafío.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 18, 2021
A la vez que realizaba estas declaraciones, se ha anunciado el pago de 30 millones de euros al Gobierno de Marruecos para que “mantenga sus fronteras seguras y cerradas”. Es decir, el Gobierno español ha cedido a la presión migratoria que pretendía ejercer Marruecos. La indignación ha sido brutal. Más cuando el Gobierno marroquí ha reconocido implícitamente la autoría de los hechos, y son de dominio público las imágenes de los policías marroquíes abriendo las puertas de las fronteras y dejando pasar a una turba de personas.
Esta estrategia de Marruecos venía tras el conflicto diplomático con España por la hospitalización de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en un hospital de Logroño. De nuevo, en esta materia, España ha cedido, reabriendo en el mismo día las causas judiciales contra este representante político por “genocidio”.
España carece de soberanía para combatir a Marruecos y defender el país. La “transición ecológica” ha provocado una dependencia energética absoluta con respecto de Marruecos, así como los negocios de las grandes multinacionales españolas en el país.
Ante esta situación, el Frente Obrero, ha convocado manifestaciones por todo el territorio nacional, exigiendo el fin de las relaciones con Marruecos.
