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392 familias en riesgo de desahucio en Navarra

Hace ya más de un año y medio que 392 familias de diversos barrios de Pamplona recibieron varias cartas en las que el fondo buitre Testa Residencial les comunicaba que sus condiciones contractuales de alquiler “habían cambiado”. Los pisos, que habían estado sujetos a un régimen de protección oficial durante los pasados 20 años, habían pasado al mercado libre. Esto las colocaría en riesgo de desahucio.

Testa Residencial es una Socimi que cuenta con más de 11.000 pisos en arrendamiento en nuestro país. Además, es propiedad del fondo estadounidense Blackstone, el mayor fondo inmobiliario mundial. Testa Residencial es considerada una de las principales causantes de la subida de los precios de alquiler en nuestro país.

En el caso de las viviendas de Pamplona, casi la totalidad de los residentes tiene muy bajos ingresos. Por lo tanto, recibía algún tipo de subvención para pagar sus rentas (el 25%, 50% o 75%). Sin embargo, solo era posible acceder a este programa de ayudas si los precios del alquiler no superaban los 650 € mensuales. Así, visto que las nuevas rentas dependen de las leyes del libre mercado y han aumentado hasta casi los 800 €, cumplir con esa condición resulta, evidentemente, imposible. 

Cuando estalló el conflicto, los afectados sabían que, al finalizar el régimen de protección oficial de los pisos, el Gobierno de Navarra podía hacer uso del derecho de tanteo y retracto. Dicho de otra forma, tenía prioridad para adquirir dichas viviendas. Sin embargo, el ejecutivo navarro decidió, por algún motivo, no ejercer ese derecho. 

Así, el descontento de las familias afectadas hacia la Socimi Testa Residencial y hacia el Gobierno de Navarra aumentó notablemente, por lo que decidieron movilizarse. Vista la situación, el Gobierno liderado por Chivite planteó como única solución negociar un nuevo convenio con el fondo buitre. El consejero de Vivienda, José María Ayerdi (PNV), acordó con el fondo Testa que mantendrían los alquileres por debajo de los 650 € mensuales, pero que la media de los precios iba a aumentar en 60€ en los contratos a partir del 31 de octubre del presente año. 

No obstante, resultó que esa cifra de aumento no es cierta de ningún modo, aunque todavía falte confirmar el incremento exacto. La Plataforma de Afectados de la Hipoteca, por su parte, demostró mediante sus propios cálculos que la media de los precios iba a subir más de lo que había anunciado el Gobierno navarro con anterioridad. Aún faltan por incluir otros gastos en ese aumento final, como los gastos de escalera y el IBI. Aunque estos últimos gastos no se incluían en el cómputo del cobro a las familias, van a empezar a exigir la recaudación de mano de los vecinos afectados. 

Indiferencia institucional

La confirmación de la cifra final de aumento está ahora en manos de Eneko Larrarte. Larrarte, quien fue alcalde de la ciudad Navarra de Tudela por Izquierda-Ezkerra y perteneció a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ocupa ahora el puesto de director general de Vivienda en el ayuntamiento de Pamplona. Pese a su historial político, no ha demostrado ninguna predisposición real por mejorar la situación de los vecinos en riesgo de desahucio, y no hay indicios de que esos 60 € de media no vayan a sufrir un incremento mucho mayor. 

Igualmente, la renovación de contratos que supuso el mencionado acuerdo entre el Gobierno y el fondo buitre tiene una duración de un solo año, en el mejor de los casos. Por lo tanto, no supone una solución real ni duradera para ningún vecino afectado

A su vez, tanto el Gobierno Foral de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona han demostrado tener una postura indiferente, e incluso nociva con respecto a la cuestión de la vivienda en la comunidad. Según datos de este mismo mes, Navarra se ha convertido en la tercera comunidad autónoma en la que más ha subido el precio del alquiler respecto al año pasado. Esta cifra aumentó un 4,67%, solo por detrás de Cataluña y Madrid. Asimismo, hace más de una semana, el Ayuntamiento de Pamplona propuso reducir a la mitad el impuesto sobre las viviendas deshabitadas, al considerar que con ese impuesto no se consigue que salgan las viviendas al mercado.

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