La causa de Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia convertida en Divalterra, sigue generando nuevas líneas de investigación 5 años después. La jueza investigará en una nueva pieza separada supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante 2013, por servicios que al parecer no fueron prestados. Así, se va a imputar al actual alcalde de Requena y a tres exalcaldes de ambos municipios, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
LA causa está separada en diez piezas separadas, incluyendo el supuesto blanqueo de dinero en el que está procesado medio centenar de personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP de València. La causa actual parte de la investigación de un servicio creado por Imelsa denominado “call center”; el amaño del centro de atención telefónica de la Diputación de Valencia.
En estas averiguaciones se detecta que el suegro de Mariano López, uno de los personajes más singulares de la trama, tiene una empresa pantalla. Ésta es “Técnicas Legales Administrativas”, que utiliza para canalizar las comisiones que le llegan desde Servimun, la adjudicataria del “call center”. Esto puede ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Comunicado del alcalde de Requena, Mario Sánchez pic.twitter.com/miDvzHwT4i
— Mario Sánchez (@Mario_SanGon) February 18, 2021
Los investigadores localizaron facturas sospechosas del Ayuntamiento de Requena con indicios de fraude, ya que no respondían a la prestación real de servicios. Además de esos pagos, a la empresa no contaba con trabajadores, por lo que los agentes analizaron un contrato con Servimun de 50.000 euros, el cual acabó sumando 178.000 euros. Por ello, la jueza imputó a Javier Berasaluce, exalcalde del PP, y a al socialista Mario Sanchez, actual alcalde del municipio.
El caso del Ayuntamiento de Enguera resulta similar, pero las consecuencias terminan salpicando a la Diputación de Valencia en la etapa de Jorge Rodríguez, acusado ya en el caso Alquería por la contratación ilegal de directivos. La empresa Servimun presentó una factura al Ayuntamiento por 21.000 euros por una adjudicación en 2013, que el ayuntamiento rechazó. Sin embargo, Xavier Simó, asesor de Jorge Rodriguez, lo logró desbloquear para que la empresa cobrara esa cantidad. El consistorio, ya con otro alcalde, acabó pagando 21.780 euros a Servimun por un concepto diferente al inicial en el contrato. En este caso figuran como investigados Santiago Arévalo del PP y Óscar Martínez, del PSPV.
