Dynamobel es una empresa productora de mobiliario con sede en Navarra. Actualmente, posee alrededor de 280 trabajadores y ha sido en los últimos años un referente en el sector. Sin embargo, acaba de presentar un expediente de regulación de empleo, ERE, con el que hasta 70 de ellos perderán su actual puesto de trabajo. Además, aseguran que buscan recortar un 10% el sueldo de los empleados no afectados por el ERE.

En la foto: Trabajadores de Dynamobel que voluntariamente, durante el confinamiento, han producido mascarillas, material sanitario y muebles para residencias de personas mayores y centros sanitarios.
El objetivo de este ERE es cumplir con unos “objetivos de viabilidad“, presentados por el ente Cofides. De este modo, los empresarios reciben una ayuda del Ministerio de Industria de 7,5 millones de euros. Según los representantes de la empresa, “este ERE es necesario para recibir 7,5 millones de euros en ayudas”. Este despropósito que busca ejecutar la dirección, sigue la línea de posibles casos de corrupción a investigar desde que la empresa pública “Sodena” entró en el capital de la compañía con una inversión de 14,7 millones de euros.
“Este ERE es necesario para recibir 7.5 millones de euros en ayudas”
Si pretenden despedir a 70 trabajadores y bajar el sueldo un 10% a los demás trabajadores ¿a quiénes va dirigido todo este dinero? Parece que va dirigido a la familia Troyas. Según el plan aprobado por Sodena, a finales de 2021 hubo una capitalización parcial de préstamos por valor total de 9 millones de euros. El objetivo era mantener el equilibrio patrimonial de la sociedad. De los 9 millones, 6 millones correspondían a la familia Troyas (fundadora y accionista mayoritaria de la empresa) y otros de 2,9 millones de euros a créditos y préstamos de Sodena.
No es la primera, ni tampoco la última, vez que las ayudas económicas a empresas no van dirigidas a los trabajadores sino a los empresarios. Al igual que los ERTES en hostelería, desde el Ministerio de Industria se plantean la misma posición al servicio de la patronal en lugar de los trabajadores del sector secundario.