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Colau: imputada por coacción y prevaricación

La querella presentada por Vauras Investments ha sido rescatada por la Audiencia Provincial de Barcelona, después de que el juzgado de instrucción numero 18 decidiera rechazarla meses atrás.

Ada Colau, imputada por coaccionar a Vauras Investments

Mientras Barcelona se convierte en la ciudad con más desahucios de España, la Audiencia Provincial admitió el trámite de una querella legal contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau por delitos de coacciones y prevaricación.

La querella presentada por Vauras Investments ha sido rescatada por la Audiencia Provincial de Barcelona, después de que el juzgado de instrucción numero 18 decidiera rechazarla meses atrás.

El tribunal ordenó investigar a la alcaldesa después de, supuestamente, presionar para destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo “amenaza” de no conceder más licencias de obras.

Vauras se niega a ofrecer el alquiler social a 6 familias en situación de vulnerabilidad, que habrían ocupado el conocido “Bloc Llavors”, el cual fue desalojado el 3 de marzo del 2020 y en el que se encausa a 22 miembros de la CUP. Debido a esto, el Ayuntamiento de Barcelona multó con 417.000 euros a la inversora, la cual a finales del mismo año querelló contra la alcaldesa por su cercanía a grupos okupas y coacción, sin embargo, el caso fue archivado porque i el fiscal ni la jueza vieron delito en la actuación municipal.

Vauras ha recurrido esta decisión, y se reabre el caso con este recurso, ahora admitido, contra Colau y, además, contra el concejal de Sants-Monjuic, Marc Serra, la concejal de vivienda y regidora del distrito de Sant Andreu Lucía Martín y la responsable de la Disciplina de Vivienda e Inspección, Fuensala Alcalá.

La Audiencia de Barcelona difiere del criterio tanto del fiscal, como de la jueza instructora, y mantiene que se debe investigar el caso por la vía penal, más solo por el delito de coacción y prevaricación, y no por el resto de delitos denunciados por el fondo (extorsión, revelación de secretos, cohecho, trafico de influencias y negociaciones prohibidas). Según la audiencia, la conducta delictiva se encuentra en compeler “ilegítimamente” al fondo inversor para forzarle a ceder inmuebles para alquiler social utilizando mecanismos intimidatorios, como lo sería no conceder más licencias de obras o desbloquear las licencias paralizadas. 

En ningún momento se cuestiona la competencia del ayuntamiento para preservar la función social de la propiedad, sin embargo, se busca castigar los métodos utilizados para conseguir cesiones de vivienda para fines sociales: de allí el delito de coacción.

Respecto a la prevaricación, la Audiencia considera que se ha de investigar si es cierto o no que el ayuntamiento haya cometido prácticas arbitrarias para, ilegalmente, frenar obras ya empezadas. En la querella se aporta un recorte de prensa de una comparecencia de Lucía Martín de marzo de 2020 (misma fecha del desalojo del “Bloc Llavors”), en esta la regidora reconoce abiertamente el apoyo al ayuntamiento y al movimiento “okupa” y la realidad de dichas presiones y de dicho presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de ceder viviendas a alquiler social.

La versión del Ayuntamiento:

La fiscalía solicitó desestimar el recurso de Vauras y cerrar el caso, como se hizo en la primera instancia. El consistorio también solicita inadmitir la querella y afirma que se recogen hechos falsos, puesto que se reconoce haber contactado repetidas veces a Vauras para ofrecer alquileres sociales a los ocupantes del Bloc Llavors, pero, en conformidad a la ley catalana de emergencia en la vivienda, descartando ningún delito de procedimiento.

Colau, por redes sociales, afirma que “no conseguirán lo que buscan, que es asustarnos”. Martín y Serra niegan que el ayuntamiento coaccionara la inversión puesto que “se limitan a hacer cumplir la ley”. “Se nos acusa de aplicar la legislación de vivienda que protege los derechos de los vecinos. Como gobierno de la ciudad, no podíamos hacer otra cosa. Lo que hicimos tanto por convicción como por obligación legal”, señaló, recordando después que los fondos buitre y las grandes empresas ya han impuesto 10 denuncias al ayuntamiento y todas terminaron archivadas, por lo que “confiamos en que esta denuncia acabará archivada como el resto”.

Es conveniente que la CUP acuse al govern de ERC ha no cumplir con la promesa de no mandar a los Mossos D’Esquadra a los desahucios de personas vulnerables y que ocurra todo el show político a casi 1 año de las elecciones municipales de Barcelona y que Ada Colau tenga que salir a la primera línea de defensa jurídica por los alquileres sociales, cuando Barcelona se convirtió en los últimos meses en la ciudad de España con más desahucios y, estando a la puerta de octubre, mes en el que finaliza la moratoria del ayuntamiento que paraliza todos los desahucios con el motivo del COVID-19.

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