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Condenan a la autonómica Radio Galega por vulnerar la libertad de expresión de un periodista

El pasado lunes se daba a conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Xustiza de Galicia que condenaba a la CRTVG por irregularidades en el expediente abierto al periodista Carlos Jiménez en el año 2018. La sentencia vendría a probar que la compañía pública vulneró el derecho a la libertad de expresión del periodista.

Imagen del periodista Carlos Jiménez

El pasado lunes se daba a conocer la sentencia del Tribunal Supremo de Xustiza de Galicia que condenaba a la CRTVG (Corporación Radio e Televisión de Galicia) por irregularidades en el expediente abierto al periodista Carlos Jiménez en el año 2018.

La sentencia vendría a probar que la compañía pública vulneró el derecho a la libertad de expresión del periodista (recogida en el artículo 20 de la Constitución). Concretamente se interpreta que la corporación ejerció represalias por la participación del locutor de radio en el movimiento de protesta “venres negro”. Dicho movimiento forma parte de la plataforma Defende a galega (iniciado el 25 de mayo de 2018).

La compañía trataría de alegar que Carlos Jiménez había incumplido la política de incompatibilidad de la casa, cuando previamente se le había aceptado esa misma complementariedad de colaboraciones en otros programas más allá de la compañía. En declaraciones recientes del director de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo (muy próximo a Feijoo), señaló la sentencia como un hecho aislado. Habiendo repetido de forma insistente que el periodista había sido sancionado anteriormente por una “cuestión puramente laboral”.

Sorprendentemente, la compañía en lugar de rectificar y depurar responsabilidades seguirá insistiendo por la vía penal para que se revierta el fallo. Además el mandamás de la corporación, tachó de obsoleta la actual legislación (aprobada 2011), y se mostró a favor de la nueva ley estatal que rija el panorama audiovisual. El damnificado, Carlos Jiménez, afirmó en declaraciones a la prensa que las reparaciones económicas son lo de menos, que lo que desea es que se tomen medidas contra estas arbitrariedades en el medio.

 

El “venres negro”, como ya indicamos que es un fenómeno que se inició hace 4 años, ligado a la plataforma Defende a galega. Sus principales reivindicaciones son una mayor dotación para la televisión autonómica, su despolitización por parte de la Xunta y el cumplimiento de la ley de medios. La medida que proponen para frenar esta dinámica, es la constitución de un Consello de informativos (presente en la legislación actual) que regule los contenidos políticos y trate de dar un panorama más amplio de la actualidad gallega y nacional. Ya que de hecho, todas las televisiones actuales gallegas parecen tener exactamente la misma línea editorial. Entre sus contenidos estrella: Feijoo inaugurando pantanos y dos horas repasando el desempeño de Celta, Lugo y Deportivo de la Coruña. La sentencia del tribunal también abaló la escasa pluralidad que estaría representada en la CRTVG.

No es difícil adivinar que detrás de esta plataforma se encuentra en gran medida el sector nacionalista comandado por el BNG. En ella continúan desarrollando su retórica de que la educación es la única que podrá salvar el declive de hablantes de gallego. El referente para todos ellos es “poder galleguizador” que tendría ver Dragon Ball Z en la lengua galaica. Sin embargo, nada dicen de la población rural (más vinculada a la lengua) quien ve como sus posibilidades de futuro son menores. Muchos de ellos son forzados a emigrar, tanto a las ciudades como al extranjero, con todo el fenómeno cultural y social que eso implica.

Pero estos no son los únicos casos de polémica en referencia a los medios públicos gallegos. En los años 90, se conoce que existieron presiones políticas para que no se emitiese el programa del conocido periodista Gonzo (A Caixa Negra). En él se hablaba sobre el fenómeno de las “vacas tolas”, aunque finalmente logró ser publicado y la censura le sirvió excelentemente de publicidad gratuita. Mucho más reciente es el caso del programa más seguido de la cadena, el Land Rober del adorado Roberto Vilar, que se tuvo que disculpar por juntar en el plató a un mujer con su expareja masculina que había ejercido comportamientos obsesivos hacia ella.

 

No obstante, otras televisiones públicas gallegas no son mucho mejores ni éticas. El extravagante alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no contento con la televisión provincial Telemiño, creó la cadena Auria TV. La cual para sorpresa de nadie,  regó abundantemente con subvenciones públicas. Como diría el gracioso personaje de una gris pero popular serie de televisión: “Al principio a los negocios hay que echarle billetes…”

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