Para quien no le resulte familiar el nombre, Alcoa es una empresa multinacional estadounidense (concretamente la tercera en el sector del aluminio), que este año tuvo unos beneficios que superaron en un 168% al anterior (lo que supone un beneficio neto de 433 millones de euros).
Ya con esta información presentada, a finales del mes pasado se confirmó el cierre de las factorías que la compañía había tenido en A Coruña (San Cibrao, con 312 trabajadores) y Avilés (San Balandrán, con 274 trabajadores). Esta decisión de hibernar las cubas fue justificada por la empresa en base a los altos costes energéticos en España.
Os traballadores do aluminio galego berran en Madrid ben forte: A solución, unha intervención!!! #Alcoanonsepecha!! pic.twitter.com/mcw8ruEsxU
— Traballador do Aluminio Galego (@Traballalcoruna) December 27, 2018
Para entender todo el proceso de desmantelamiento industrial tenemos que retrotraernos al año 2019, cuando la multinacional vendió sus plantas en Avilés y A Coruña al fondo de inversión suizo Parter Capital (aunque el Tribunal Supremo constató que este acuerdo no cumplió lo previamente acordado con los trabajadores), después del anuncio el año anterior de cerrar las fábricas. Pero este mismo fondo no tardó en desprenderse de las plantas de Alcoa y venderlas al grupo industrial Riesgo (investigado por la Audiencia Nacional), bajo la denominación actual de Alu Ibérica.
Tras múltiples avatares y una serie importante de movilizaciones y protestas, los trabajadores acabarían firmando un acuerdo que, mientras los deja en el paro, supone la renuncia de los mismos a la vía judicial a cambio de una serie de indemnizaciones económicas. Resulta paradójico como este ERE se comenzó a aplicar en el 1 de mayo. Sin embargo, agentes inmersos en el conflicto señalan que esta fue más una propuesta orquestada por los sindicatos con escasa representación de la opinión mayoritaria entre los trabajadores, que se vieron abandonados por las principales instituciones regionales y estatales, y por los principales grupos políticos del país. Todo este panorama solo hace ahondar más en el panorama de desindustrialización que sufre la región coruñesa, tal como ya señalamos en su día en lo referente a su ciudad vecina de Ferrol.
Como no podía faltar, el futuro aspirante a la presidencia del gobierno, Nuñez Feijoo, se declaró contrario al cierre de las fábricas de aluminio, dejando recaer así toda la culpa en el gobierno central. El líder el PP hizo unas reveladoras declaraciones afirmando que “la realidad, por muy incómoda que le resulte a quien le resulte, es que Alcoa no se fue de A Mariña o de Galicia, sino que se va de España”. Feijoo sigue así su retórica habitual, como ya se vio en lo referente al cierre de ENCE, achacando todo los positivo que sucede en Galicia a su gestión, mientras que todo lo negativo sería solamente competencia del gobierno central. Así el PPdeG sigue una retórica de aparente “defensa de los trabajadores”, y clamando casi por el ya muy gastado “España nos roba”, tan recurrente en los sectores vinculados al Galeuska. Nos preguntamos si con él al frente del mismo el PP afrontará la cuestión de la pésima articulación del mercado energético en España, ya que sus predecesores populares estuvieron muy lejos de hacerlo.
