El pasado día 12 de agosto se produjo el desalojo por riesgo de derrumbe de dos bloques de viviendas situados en la calle Manuel Arnau N°9 y 11 del barrio de Creu Coberta en Valencia. Tras el desalojo completo del portal 9, tres familias da la finca N° 11 resistieron a dicho intento de desalojo producido por la policía local de Valencia y los servicios sociales del ayuntamiento tanto por la presión vecinal como por la no aportación por las autoridades de la correspondiente orden de desalojo contra las familias como aseguran las mismas. Según el ayuntamiento de Valencia, esta situación iba a ser solventada con la promesa de alternativas habitacionales para los vecinos pero la realidad actual dista mucho de la prometida por las instituciones.
Días después de los hechos, este medio ha tenido la oportunidad de entrevistar a Tania, una de las inquilinas de estas tres viviendas que permanece en su inmueble: “Una mañana vinieron los arquitectos del ayuntamiento, se metieron en nuestras viviendas y al cabo de la semana nos llegó una carta en la que teníamos que abandonar en 72 horas. Como si fuésemos perros vamos. Nos dijeron que iban a tapiar las casas tuviéramos las cosas dentro o fuera. Nosotros queríamos soluciones viables habitacionales. Muchos del patio 9 se fueron voluntariamente porque los han engañado, les han dicho que les iban a dar viviendas sociales y no tienen ni las llaves […] Han prometido pisos a algunas personas, las cuales aun están en la calle esperando sus llaves, a otro chico le dicen de un piso pero que podrá un mes, un mes y pico. A mi me han dicho que me meta en un piso de la mujer lo cual no es viable porque yo tengo un perro, desde pequeñito lo crié y no lo voy a abandonar y para irme un mes y pico a un centro y después quedarme en la calle pues me quedo en mi casa.”
Este testimonio confirma que las promesas por parte del Ayuntamiento de Valencia no son más que un parche momentáneo y reafirman la nula disposición de ofrecer una alternativa habitacional real, efectiva e indefinida a la mayoría de familias tanto por parte del ayuntamiento de Valencia, en concreto de la concejalía de vivienda y servicios sociales conducida por la concejala de Compromís, Isabel Lozano, así como de las Consellerías de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Consellería de Vivienda comandadas por la también dirigente de Compromís y consellera , Mónica Oltra, y por el Conseller de Unidas Podemos, Rubén Martínez Dalmau, respectivamente.
Asimismo, además del drama social de estas familias, la ciudad está a punto de sufrir una pérdida de patrimonio cultural ya que estas viviendas fueron diseñadas por el reconocido arquitecto valenciano Demetrio Ribes, de entre cuyas obras más conocidas se encuentra la estación del Norte de Valencia, y que representan unos de los pocos edificios de estilo neomudéjar de la ciudad, construcción típica de principios del siglo XX utilizada en este caso para albergar a trabajadores industriales, razón por la cual el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Valencia y Castellón (CDL) presentó el pasado lunes 17 de agosto una solicitud de incoacción para la protección de los edificios de cara a su restauración y conservación.
