La situación vivida en la comarca catalana de la Terra Alta es la de cualquier territorio rural español que ve cómo se ocupa indiscriminadamente el suelo agrícola y natural con hectáreas de placas fotovoltaicas o enormes aerogeneradores. Lejos de apostar por un modelo de producción eólica distribuido, se continúa masificando infraestructuras sin un claro retorno ni energético ni económico para la población.
Diversas asociaciones defensoras del territorio y del medio ambiente de las Terres de l’Ebre (región sur de Cataluña), como Terra Alta Viva, Trenquem l’Ametlló, GEPEC-EdC, Salvem lo Montsià, STOP Vandellòs II, FAAV (Federació d’Amposta d’Associacions de Veïns), Vipte (Voluntaris i Participació de les Terres de l’Ebre), AMEVESABA (Associació Mediambiental de Veïns de Santa Bàrbara), Defensem Fullola o Plataforma en Defensa de l’Ebre, llevan meses oponiéndose a los nuevos proyectos de energías renovables impulsados por corporaciones como Natugy (antigua Gas-Fenosa) o Iberdrola.
Mapa de la distribución eólica catalana. Selección de molinos de más de 150 m de altura. Fuente: Mapa eólico catalán – Generalitat de Cataluña.
¿Cómo se llega a la situación actual?
El Decreto-ley 16/2019 sustituye un conjunto de leyes que empiezan con la ley 174/2002 y culminan con el Decreto 147/2009. En este último decreto, se establecen Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) donde se tendría que concentrar todas las instalaciones de energías renovables. Las ZDP prioritarias eran la Terra Alta i l’Empordà. A partir de 2006, se construyeron los 148 aerogeneradores de hasta 120 metros de altura localizados actualmente en el altiplano de la Terra Alta.
Muchos de los proyectos se paralizaron durante años por falta de un aprovechamiento adecuado de la infraestructura. Destaca el de propiedad de Natugy que pretendía la instalación de 30 aerogeneradores en 2010. La licencia fue renovada en 2019 para la construcción de 13 aerogeneradores de 200 metros de altura. Las obras de pavimentación están terminadas y los caminos casi están ensanchados completamente a la espera de las columnas, las aspas y las restantes piezas del rotor, que ya han empezado a instalarse. Por tanto, se espera que los molinos estén operativos en septiembre de este año 2021.
Masificación de proyectos
El problema principal viene con el alud de proyectos presentados a la Generalitat tanto de aerogeneradores como de placas fotovoltaicas que pretenden ocupar numerosas hectáreas en la Plana de Lleida o en la Ribera d’Ebre.
Estos proyectos no contemplan el enfoque comunitario de aprovechamiento de zonas urbanas para techos solares. Se centran en la masificación eólica en terrenos rurales, protegidos o zonas costeras poco pobladas. Por ejemplo, está proyectado un parque eólico de más de 50 MW de potencia en la Bahía de Roses. No sorprende que muchos hayan sido considerados descabellados e ineficientes para la zona en la que estaban proyectados.
El problema se agrava si se observa la Ley 16/2017 de la Generalitat de Cataluña. En ella, por directrices europeas, se pretende que el 50 % de la energía consumida provenga de fuentes renovables en 2030 y el 100 %, en 2050. Sin embargo, no se ha realizado planificación de reparto de las energías renovables ni una estimación en hectáreas de placas solares o de número de aerogeneradores necesarios para cumplir dichas cifras.
Cesión de la explotación de la producción eólica
Gubernamentalmente, se ha cedido la implantación y explotación de parques a manos privadas como el caso Naturgy. Alejados de garantizar el suministro o reducir costes de transporte energético acercando la energía a las diferentes poblaciones, dichas corporaciones buscan mantener los beneficios dentro del negocio de la energía.
El drama catalán se puede generalizar al campo español. La «España vaciada» se pretende cubrir de placas y molinos sin importar lo que pueda suponer esto para las frágiles y envejecidas economías locales ni los ecosistemas con los que conviven.
