La vivienda en España ha sido desde hace años uno de los temas o asuntos más candentes entre la opinión pública. Ya sea porque constituye un derecho básico, porque nos pasamos tres meses en ella durante el confinamiento o por los problemas relacionados con la misma. Hoy en día, esos problemas están más a flor de piel que nunca, veamos algunos de los más importantes.
Al margen del tema de los desahucios, drama que se vive día a día en nuestro país; uno de los mayores problemas que atañen a la vivienda es la falta de oportunidades habitacionales Con esto, se hace referencia a las viviendas de alquiler social o a las famosas VPO, Viviendas de Protección Oficial. Debido al encarecimiento de la vivienda, fomentado por factores como el turismo, y a la precarización de los salarios de los trabajadores, resulta muy difícil acceder a una vivienda de la forma hasta ahora habitual.
Los jóvenes de hoy en día, en su inmensa mayoría, no son capaces de hacerse con una vivienda de la misma forma que lo hacían sus padres, pudiendo pagar una hipoteca desde una edad más o menos temprana. Por ejemplo, la tasa de jóvenes emancipados alcanzó en 2019 su valor más pequeño desde 2002, con tan sólo un 19%. Entre otras cosa porque el alquiler del piso supone de media hasta el 94% de su sueldo, mientras que en 2011 era del 60%.
El dinero público hay que invertirlo en bienes públicos. España necesita un gran parque de viviendas públicas para alquiler social que compita en precios con las viviendas de los Fondos Buitre y la banca. Esas viviendas se pueden ir construyendo y expropiando (a los bancos) ya.
— Manuel Ardoy (@ardoy_manuel) April 29, 2021
Ante esta depauperada situación, una de las soluciones que proponen los colectivos sociales es ampliar oferta de pisos de alquiler social. De forma que los jóvenes emancipados y las familias más vulnerables pudieran permitirse el pagar unas cuotas aceptables para su economía. De hecho, en caso de no poder hacer frente a dichas cuotas, que la deuda la tuvieran con alguna administración pública, en lugar de con un banco o fondo buitre.
Por desgracia, la situación de esta iniciativa no es nada halagüeña por el momento. España únicamente llega a una casa de este tipo por cada 100 habitantes, muy por debajo de la Unión Europea. Las 290.000 viviendas públicas destinadas a este efecto constituyen únicamente un 1,6% de los hogares, frente al 9,3% de media en la UE. Ante la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública y social, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana afirma que no se ha llegado a un acuerdo entre los diferentes actores del gobierno.
Porcentaje de vivienda social sobre el total del parque, España y Europa 2011. Fuente: CECODHAS 29
Cómo ya se ha mencionado anteriormente, los desahucios o desalojos forzados de familias son un problema tremendamente común en los barrios españoles. No obstante, para tratar su realidad seguramente se necesitara un artículo a parte. Pero es obvio, que a aquellas personas que se encuentran en esas situaciones, es necesario buscarles una alternativa habitacional. Ya sea por parte del gobierno central, el autonómico o municipal.
Por desgracia, muchas veces no ocurre, o la solución encontrada no es para nada apta en muchos casos, ya que suelen ser familias con niños pequeños o incluso bebés, donde un hostal no es una solución viable a medio o largo plazo. Ante la falta de políticas al respecto por parte de las instituciones, existe una alternativa obrera que da cobijo, alimento y todo tipo de ayudas a familias que tienen que pasar por este mal trago. Ellos son la Esperanza Obrera, cuyo proyecto ha llamado enormemente la atención y que ya tienen infraestructura en Valencia y Mallorca.
En los casos más extremos, hay familias que son incapaces incluso de afrontar los pagos de un alquiler social, viéndose obligados a vivir en la marginalidad de los barrios chabolistas. Aunque pueda parecer extraño, en España todavía existe un cuantioso número de ellos, sobre todo teniendo en cuenta el hipotético Estado del bienestar en el que vivimos. En ellos, las condiciones sanitarias y de higiene son tremendamente precarias, no poseen agua ni luz corriente. Además, estos lugares se han convertido en nichos de marginalidad, tráfico de drogas, crimen; en definitiva de “guettos”. En España, en el año 2016 más de 10.000 personas de etnia gitana vivían en chabolas.
Uno de los lugares donde mayor número de asentamientos de este tipo hay es la periferia de la ciudad de Madrid. Allí, se contaban en el año 2018 hasta 110 asentamientos, entre los que destaca el de la Cañada Real. Famoso debido a la situación que se vivió el pasado enero, cuando debido a las copiosas nevadas, sus habitantes tuvieron que pasar el temporal sin luz ni gas para calentarse. El único “remedio” que encontraron las instituciones fue llevarles leña. Otro de los acontecimientos más célebres de los últimos años ocurridos en un asentamiento similar ocurrió en Palos de la Frontera, Huelva. En él, un incendio arrasó el poblado y dejó en la intemperie a 400 personas en pleno mes de febrero, siendo gran parte de ellos temporeros de la recogida de la fresa.
Estos casos ponen en evidencia que existe un problema con la vivienda en este país. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda digna y cada vez supone mayor esfuerzo económico para la población. Cuando las familias son desahuciadas no reciben soluciones de las instituciones que supuestamente deben defenderlas. Finalmente, en los casos más desfavorecidos, que se ven forzados a vivir en asentamientos chabolistas, sea por la causa que sea, la condiciones de vida son infrahumanas, y es un claro peligro para la salud de todos ellos.
