A día de hoy las penurias económicas acrecentadas por la crisis del COVID son una realidad para millones de trabajadores. Esto afecta a uno de los bienes más necesarios, la vivienda.
Los problemas derivados de los bajos ingresos manifiestan un problema estructural: los desahucios. La mayoría de ellos efectuados por fondos buitres ligados a grandes bancos como Cajamar, Bankia, Santander o La Caixa entre otros.
Las familias, ante la imposibilidad de hacer frente a la subida de los precios, engaños y distintos abusos resisten utilizando todos los medios en sus manos. Mientras el Gobierno de España habla de paralización de los desahucios, estos se siguen produciendo.
Esto implica en muchos casos la ocupación, no a propietarios individuales, sino a esos mismos fondos buitre que les desahucian. Además deben hacer frente a la criminalización por parte de los medios ya que estos ponen su punto de mira en los “okupas”. Esta minoría destroza los inmuebles, los convierte en puntos de tráfico de drogas y causan problemas vecinales. Justo lo contrario que realizan las familias o proyectos organizados como la Esperanza Obrera que adecuan y permiten la habitabilidad de estos inmuebles.
A lo que hay que sumar el abuso policial provocado por la Policía Nacional y más concretamente la UIP. Ayer 24 de mayo en el desahucio de Leonor en Sevilla, una mujer de más de 60 años y con un 72% de discapacidad, fue echada de su vivienda que pagaba cada mes y cuyo dueño no pagaba al banco.
En los momentos de tensión los agentes agredieron a los concentrados, algunos de ellos de avanzada edad. El caso de Leonor es apenas un ejemplo del fenómeno.
