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El Gobierno prorroga los ERTE hasta septiembre

Se firma finalmente un acuerdo por y para los trabadores, pero sin los trabajadores.

El pasado 25 de mayo se cerró el acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos mayoritarios para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre de este año, un acuerdo que se ha olvidado de lo esencial: los trabajadores.

La ministra de trabajo Yolanda Díaz sigue asegurando que la principal misión de los ERTE es mantener el empleo y el tejido productivo, también continua vigente la “prohibición de los despidos” y asegura “no se podrán convertir ERTE en ERE”.

La realidad es distinta, puesto que no existe legislación que prohíba esta transformación, más bien es un “compromiso”. Según el BOE (Reales Decretos 8/2020, 30/2020 y 2/2021) los empresarios sí podrán despedir a los trabajadores 6 meses después de que el ERTE haya finalizado. Es la jurisdicción social la encargada de determinar si esos futuros despidos serán procedentes; improcedentes; nulos o se puedan transformar en ERE, por lo tanto, no sabremos el impacto real en la economía hasta tiempo después.

Aunque la ministra Díaz insista en su compromiso de mantener el empleo, los datos son otros. El pasado 29 de abril la Seguridad Social publicó la última cifra de trabajadores en situación de ERTE, un total de 638.238 personas. Además, en los últimos días se han anunciado despidos colectivos de distintas empresas como “El Corte Inglés” o las entidades bancarias “BBVA” y “CaixaBank”, contribuyendo a aumentar la cifra de ERE a más de 35.000.


En términos económicos, el gobierno no puede sufragar los costes de estas ayudas, a pesar de la ayuda de 21.000 millones de euros proporcionada por la UE. Los datos confirman que el gasto de los ERTE antes de la última prórroga fue de 25.000 millones de euros, y se calcula que hasta septiembre se necesitarán un total de 50.000 millones, lo que conlleva agrandar la deuda.

La situación real de los trabajadores es de precariedad

Desde el sindicato “Frente de Obreros en Lucha” (FOL) dicen que la sensación general es de confusión debido al complejo entramado legislativo en torno a los ERTE, matizan que, si esto ya es confuso para una persona con conocimientos sobre leyes y derecho laboral, para un trabajador ajeno es verdaderamente complicado desentramar las condiciones legislativas.

Hablan de casos en los que la comunicación ha sido deficiente y con muchos defectos formales; casos en los que la información sobre la situación de ERTE de un trabajador no se enviaba a la autoridad laboral para que la constatase, o incluso, casos en los se comunicaba la situación de ERTE al trabajador y posteriormente a la autoridad laboral, siendo así un fraude de ERTE. También destacan la ralentización en las tramitaciones y en el pago de las prestaciones.

Casilda Monsalve, desde la asesoría laboral del sindicato comenta: “Los ERTE fueron vendidos como una medida para salvaguardar el empleo, para mantener las relaciones y el tejido productivo entre empresas y trabajadores, pero la realidad es que esto no ha ocurrido. Los trabajadores lo que realmente quieren es trabajar y, al final, estos son forzados a vivir una situación de precariedad al no poder subsistir con el ingreso del ERTE.”

Víctor Salcedo, del equipo jurídico del FOL cuenta: “Estos han supuesto un claro apoyo para los empresarios y al final ha acabado perjudicando a los trabajadores, pese a que nos hayan intentado vender lo contrario. No se puede permitir que el Estado haya tenido que asumir gran parte del sueldo de los trabajadores sin tocar un mínimo a las grandes empresas para que también se hagan cargo de esos gastos.”

Las consecuencias reales de tales medidas solo el tiempo las dirá. Hoy en día lo que sí sabemos es que el Gobierno está más preocupado por vendernos la España pobre del futuro que por ayudar a la España obrera de hoy, porque el peso de esta crisis cae sobre los trabajadores, otra vez.

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