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El infierno de las menores tuteladas del IMAS

Las víctimas eran puestas a ejercer la mendicidad o la prostitución “por unos zapatos, un móvil o algo de dinero”.

Pese a las denuncias, la Fiscalía de Baleares consideró que no existía ninguna red organizada destinada a la explotación sexual de las menores, sino que se trataba de "excepciones".

El caso de las menores tuteladas del IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales), es uno de los acontecimientos más en boga en la ciudad palmesana. Podría decirse que es uno de los sucesos más mediáticos desde lo ocurrido con el “Caso Cursach” en 2018.

 

En diciembre de 2019, una menor tutelada por el IMAS fue víctima de una violación grupal en el barrio palmesano de Corea. A raíz de las declaraciones de la víctima se supo que no se trataba de un caso aislado, sino que existía toda una trama de explotación en torno a ciertas menores, que eran puestas a ejercer la mendicidad o la prostitución “por unos zapatos, un móvil o algo de dinero” tal y como señaló Diario de Mallorca en Enero de 2020, haciendo que el caso saltara a la palestra mediática.

 

Las víctimas de esta explotación eran menores cuyos padres se les había retirado la custodia y estaban bajo la tutela de la institución mallorquina, cuyas negligencias y falta de control sobre las menores fugadas, quienes no podían volver con sus familias, han permitido que las menores se encuentren en una situación de abandono absoluto y caigan en brazos de los explotadores sexuales.

 

Pese a las numerosas denuncias de víctimas y familiares, quienes afirman que esta situación lleva dándose desde hace al menos 30 años, en octubre de 2020 la Fiscalía de Baleares consideró que no existía ninguna red organizada destinada a la explotación sexual de las menores, sino que se trataba de “excepciones”.

 

Cuando el caso empezó a ser conocido por la opinión pública, el Govern, que había impedido cualquier intento de investigación, designó una comisión interna para evaluar la gravedad del caso, comisión que concluyó afirmando que “la culpa de que haya explotación es de los explotadores”.

 

Posteriormente, se anunció una inversión de 1’5 millones de euros en el IMAS, calificada por los familiares de insuficiente, que  la oposición tachó de “cortina de humo”. En cualquier caso, esta inversión se materializó en más recursos y profesionales para el IMAS y la creación de un centro de ayuda específico para las víctimas de abusos sexuales.

 

A pesar de estas medidas, se incrementó la colaboración de las instituciones con las fuerzas de seguridad, dando como resultado numerosas detenciones a lo largo de estos años, de las que tanto el Govern como la propia institución no dudaron en autoadularse afirmando que “sus denuncias fueron clave” para logrará detener a los explotadores.

 

Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado, la situación continúa ya que se trata de un problema complejo de solucionar, motivo por el cual Francina Armengol, presidenta del Govern de las Islas Baleares, demandó al Parlamento Europeo con la finalidad de que este les dotara de una directiva específica. Mientras tanto, la oposición de derechas ha impulsado la llegada a las islas de una Comisión del Parlamento Europeo que se ha entrevistado con víctimas, familiares, periodistas, funcionarios y políticos a fin de determinar si se cumple la normativa europea y si existe o no una red organizada que explote sexualmente a las menores.

 

 

En esta ocasión, Frente Obrero, concretamente Frente Obrero de Mallorca, denuncia en sus redes sociales la notable dejadez de las instituciones frente a las negligencias cometidas por el IMAS. El movimiento político afirma; “No existe ningún control sobre las menores fugadas, viéndose muchas veces forzadas a convivir bajo tutela de los mismos explotadores. Las medidas tomadas por el Govern no han servido para solucionar el problema y parecen más bien parches de última hora dedicados a mejorar su imagen pública, ya que la inversión ha sido completamente insuficiente y no ha llegado a medianamente solucionarse hasta que el escándalo saltó a la prensa.”

 

 

Además, reprochan a la institución su falta de transparencia sobre este asunto, ya que se ha impedido cualquier investigación que no fuera interna. En el caso de la Comisión del Europarlamento, afirman que no han podido negarse a hacerla pública pero que no dudaron en tacharla de “partidista” por haber sido impulsada por un miembro del partido político VOX.

 

Por último, Frente Obrero cataloga la actitud del Govern de laxa y “De estar más centrada en ocultar el escándalo para preservar su imagen que en solucionar verdaderamente la nefasta situación en que se encuentran las menores bajo su tutela. Lejos de hacer autocrítica han culpado de esta miserable explotación a los explotadores, a la sociedad y a la falta de recursos del IMAS. Javier de Juan, quién era responsable del IMAS y que reconoció que este problema no era nuevo sino que llevaba muchos años (afirmando incluso que desde 2015 percibió un aumento de los casos), no dimitió ni fue destituido, sino que se le ascendió a conseller de presidencia del Consell de Mallorca.”

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