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El mito de la legalización del cánnabis y el pequeño productor

La legalización del cánnabis con fines recreativos en algunos países ha sido puesto como ejemplarizante, pero lejos de ese adjetivo, la realidad muestra como el mercado siempre tiene las posiciones de poder.

Trabajadora de un cultivo industrial de cánnabis

Ante el debate de la legalización, uno de los puntos de los partidarios de la regulación es que esta permite quitar al estado de en medio y permitir un mercado donde cualquiera puede ser productor.

Pero la realidad nos dice otra cosa.

Uno de los países que llevan vario tiempo legislando acerca el cannabis, presenta uno de los principales problemas que se encuentra la regulación: la creación de oligopolios.

Primero de todo, en cualquier regulación, el estado sigue conservando un poder especial, pues aún ya no se considere delito su producción o consumo. Es el estado quien otorga la capacidad de la producción en gran escala -pues se acostumbra a permitir la pequeña producción, pero limitada a un puñado de plantas-.

Así, mediante licencias, en los estados norteamericanos algunas empresas han podido empezar a producir. Pero lejos de “democratizar” la producción, los requisitos que pone la administración solo abre el negocio a unos pocos.

Cosas como la “producción vertical” -la cual consiste en obligar a la empresa a tener poder sobre todo el proceso, desde el sembrado a la venta minorista- restringe el mercado a aquellos que pueden permitírselo. Y como acostumbra a pasar en estas historias, solo los poderosos tienen esa capacidad.

Lejos de las ideas del “Sueño Americano”, el pequeño productor no tiene ningún tipo de posibilidad contra los nuevos magnates de la droga (que esta vez no se los considera narcotraficantes).

En Florida -uno de aquellos estados que obliga a tener la “producción vertical”- sólo la empresa Trulieve mueve el 40% de la marihuana medicinal y el 50% de la recreativa. Al mismo tiempo, las cuatro primeras empresas tienen el 54% de los dispensarios de todo el estado (Office of Medical Marijuana Use).

Esto resquebraja el mito de la liberalización dentro el mundo drogas, el cual, lejos de beneficiar al consumidor, solo supone otro foco de dominación de mercado.

El caso uruguayo

Por otro lado, tenemos al caso uruguayo, el cual es puesto como ejemplo a seguir en casos de regulación.

Este país legalizo el consumo recreativo de cánnabis el 2013. Su consumo también ha crecido con los años, pasando de un 9,3% a un 14,6% de la población de 2014 a 2019 (Gobierno de Uruguay), dato que el gobierno ve positivo al ser mayor que el crecimiento de cánnabis consumido, pero que des de otra óptica, puede dejar entrever que la legalización ha puesto esta droga al alcance de todos.

Si bien es cierto que Uruguay permite el auto cultivo individual (a seis plantas por persona) o en clubes (hasta 99 plantas), estos tienen limitados la producción, siendo en su mayoría de casos insuficientes para los consumidores -adictos también- y dejando el gran trozo del pastel para las grandes empresas.

Pero no es tarea de este artículo centrarse en el consumo per se, sino en su producción.

En el estado centroamericano, el estado es el que tiene también el control y “monopolio” del cánnabis, pero cede su producción a empresas privadas. Actualmente solo hay cinco empresas con licencia para producir la droga con fines recreativos, aunque esta situación es nueva. Hasta 2019, solo dos empresas tenían la licencia: Aurora Cannabis Inc. (canadiense) y Simbiosys (uruguaya). El gobierno uruguayo decidió aumentar esa otorgación de licencias debido a la gran demanda que se ha ido gestando en el país. El mercado de marihuana recreativa uruguayo actual está dominado por dos empresas completamente uruguayas, una de capital uruguayo y chileno, una norteamericana y otra canadiense.

El mercado uruguayo, al fin y al cabo, acaba siendo una concesión del estado a empresas privadas, aunque en este caso, se añade que todos los que quieran consumir se deben inscribir en un registro oficial y tienen limitada la cantidad que pueden comprar al mes.

Ambos casos, muestran como la regulación conlleva a que, ante un nuevo mercado, las manos privadas se encargarán de coparlo, a su vez que el estado intentará sacar rédito económico-a través de impuestos o concesiones de licencias- de ello. Porque, al fin y al cabo, este tipo de medidas siempre persiguen un lucro, y tanto el estado como el empresario querrán sacar tajada de ello.

Un ejemplo de esa mezcla de intereses, es el del senador uruguayo Juan Sartori, que aboga por convertir a Uruguay en potencia exportadora del cánnabis, negocio a través del cuál ha hecho su fortuna.

Al final, el mercado solo busca nuevas fuentes de ingresos, y los estados se postran ante sus peticiones.

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