El Tribunal Constitucional, a través de un recurso presentado por el PP, anuló la semana pasada el Decreto-ley 37/2020 por el cual se interrumpían los desahucios a familias vulnerables en Cataluña. El principal argumento empleado por el TC, es haberlo aprobado por decreto y no por ley. En su recurso, el PP consideró que esta norma vulneraba el derecho a la propiedad privada, principal argumento al que se ha aludido para tirarlo abajo.
El Tribunal Constitucional también ha aceptado a trámite el recurso del PP contra la ley que pretendía regular los alquileres en Cataluña y que fue aprobada el pasado mes de septiembre.
La Generalitat lanzó el pasado noviembre la noticia de que se aprobaba un Decreto Ley, que entró en vigor el 23 de diciembre, por el que se interrumpirían los desahucios a familias vulnerables mientras durase el estado de alarma.
Más allá de qué se entiende por familia vulnerable y los diferentes criterios a los que no atiende el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, los desahucios han continuado ejecutándose incluso en muchos casos en los que el decreto debería haber protegido a familias que finalmente fueron expulsadas de su vivienda.
La propiedad privada y la protección del negocio de grandes propietarios de vivienda y a los diferentes lobbys que controlan el mercado de la vivienda en España, es un escollo infranqueable. Ni el decreto “antidesahucios” de la Generalitat no ha cumplido con su cometido, ni la ley catalana de alquileres ha trascendido lo más mínimo, ya que no hay organismo en Cataluña que vele por que esta Ley se cumpla. A esto, se ha sumado el carácter netamente político, económico, a través del cual son controlados los poderes judiciales en España, los cuales responden a los intereses de las élites empresariales.
