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El uranio y la soberanía energética de España

España es el principal país de la Unión Europea en contener reservas de uranio, sin embargo, importa una gran cantidad de otros países como Rusia y Canadá. Un material muy valioso y usado en muchas industrias, cuya explotación podría abastecer energéticamente al país, aunque la deriva de las instituciones vira a darle la espalda.

España es el principal país de la Unión Europea en contener reservas de uranio; producción que serviría para satisfacer toda la demanda nacional y, además, exportar hacia otros países. Sin embargo, actualmente según la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), España importa un 38,7% de uranio de Rusia, un 22,3% de Canadá, un 19,5% de Níger, un 11% de Kazajistán, un 3,7% de Namibia, un 2,5% de Uzbekistán y un 2,3% de Australia.

El uranio es un material fundamental para producir energía nuclear. Tras un proceso de enriquecimiento para provocar la posterior reacción nuclear, el mineral se hace viable para su uso como combustible. Con una explotación correcta y planificada, se podría cubrir la demanda total de combustible para las centrales nucleares españolas durante las próximas décadas.

Además, el uranio se utiliza también para muchas cuestiones de la vida cotidiana, como esmalte de cerámica, artefactos luminosos o fertilizantes, además de para fabricar materiales de protección contra los rayos X. Su uso también se dedica a la fabricación de material armamentístico, barcos, aviones o satélites, entre muchos otros usos.

Berkeley, la multinacional del sector minero, ha protestado contra la negativa del gobierno de España a conceder la explotación de la planta de Retortillo (Salamanca), una de las principales fuentes de este material, prometiendo una inversión de cerca de 400 millones de euros para la creación de hasta 1000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Ni privatización, ni transición ecológica

Por un lado, nos encontramos ante un gobierno que, bajo el paradigma de la transición ecológica, está acabando con la capacidad energética y de explotación minera del país. De todas las centrales nucleares que han sido construidas en España, solamente quedan en funcionamiento siete, las cuales tienen programado su cierre entre los años 2027 y 2035.

En cuanto al carbón, en 2020 el gobierno de España cerró otras siete centrales térmicas y esperaba cerrar la totalidad de las del país, bajo la presión de las directrices de la Unión Europea. Sin embargo, con un mercado eléctrico en una subida constante de precios, se está disparando la producción de éstas hasta más de un 80%.

En 2021, la dependencia energética española tuvo un coste récord, con una importación de más del 75% de la energía que se consume.

Por su parte, los grandes monopolios del sector energético y minero ven la oportunidad de aprovechar los amplios recursos naturales y capacidad productiva con la que cuenta el territorio español, para poder extraer beneficios a través de la explotación de éstos. Estas mismas empresas, mientras obtienen al año beneficios millonarios, son las responsables de la desestabilización de los precios del mercado energético.

Además, los trabajadores de sectores como éstos han sufrido durante décadas unas condiciones laborales y salariales que han ido yendo a peor, con el ejemplo de las grandes huelgas mineras que dejaron en la retina de los españoles imágenes de grandes enfrentamientos entre trabajadores y todo un despliegue policial.

 

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