Los trabajadores de la pastelera ENCE, situada en Lourizán a escasos quilómetros de la ciudad de Pontevedra, coronando la ría homónima que da paso al Lérez, llevan años luchando por mantener sus puestos de trabajo. Mientras el gobierno local (conformado por el binomio BNG-PSOE), grupos ecologistas como Greenpeace o asociaciones como APDR persisten en su objetivo de cerrar la fábrica.
La fábrica de celulosa da trabajo a unas 5.100 personas en Galicia (sumando puestos directos e indirectos), además de suponer el 50% de la actividad del puerto de Marín. Como ya indicamos, la factoría lleva años de continuo conflicto, pero los recientes fenómenos judiciales parecen señalar el fin de esta dramática historia.
Recopilemos, durante el gobierno en funciones de Mariano Rajoy se le concedió una prórroga hasta 2073, motivo por el cual el presidente fue considerado persona “non grata” en su ciudad natal. Pero los opositores a el PP y a ENCE no aceptaron esta prórroga, denunciando a ENCE en base a su supuesta infracción de la ley de costas 32.1. Esta ley se compone de tres puntos; el primero dice que solo se podría ocupar dominio público marítimo-terrestre «para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». El segundo «quedarán expresamente excluidas las utilizaciones mencionadas en el artículo 25.1, excepto las del apartado b)» En ese artículo se nombran varias construcciones prohibidas. Y afirma que solo están permitidas, entre otras «aquellas que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre». Pero a esto habría que añadir que, a modo de contingencia, el consejo de ministros podría autorizar actividades de: «instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral» mientras no dañen zonas de especial protección. Y el tercero, donde exige que debe quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Bajo este pretexto, entendiendo a los puestos de trabajo de los ciudadanos como algo sin «excepcional importancia» y a un núcleo industrial de gran interés para la zona una razón económica no justificada, la audiencia nacional en octubre de 2019 dictaba sentencia y el complejo industrial debía cerrar entre 2023 y 2024.
Manter á empresa, de forma #ilegal, en dominio público transgredindo o art.32 da Lei de Costas do PP e concedéndolle unha #prórroga que vén de ser anulada pola Audiencia Nacional e que -á espera de que a sentencia sexa firme- vai supoñer o fin da permanencia de ENCE en Lourizán! pic.twitter.com/lmsd4SkBbk
— APDR (@defensadaria) September 2, 2021
Ante esto los trabajadores y ciudadanos de toda la ciudad salieron a la calle a protestar. Estos trabajadores, la empresa, entidades cercanas, empresas auxiliares, e incluso la autoridad portuaria de Marín, presentaron varios recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional. De no ser aceptada habría sido el final para la fábrica, de la que dependen miles de trabajos y la mayor parte de la actividad económica de la ciudad y su región. Con la aprobación de la sentencia que fijaba su clausura, la empresa registró unas pérdidas de 190 Millones, aludiendo que de no haber sido por el impacto contable habrían tenido un resultado neto de 10 Millones de euros.
Manifestación contra el cierre de la planta de Pontevedra.
Pero no todo han sido malas noticias para los trabajadores, ya que recientemente el tribunal ha admitido once recursos. Esto daría oxígeno a empresa y trabajadores, ya que mientras los recursos estén en trámite la pastelera podrá seguir funcionando, aunque ciertos partidos y organizaciones afirmen lo contrario. Además de acusar a ENCE de «chantaje», por otra parte, a ellos les acusa de «Estar jugando con el futuro de los trabajadores».
Sumado al balón de oxígeno que supuso la aceptación del último recurso de la empresa, recientemente se produjo una sentencia en la región de Murcia, donde se juzgaba una situación similar. En el caso murciano es una vivienda la que incumplía el mismo artículo de la Ley de costas, pero a diferencia del caso gallego, en Murcia se le consideró lícita la prórroga de la concesión ¿Será esta nueva vía en la jurisprudencia una nueva oportunidad para los trabajadores de mantener su empleo?
