Según los datos proporcionados por la OCDE, España será de los últimos países tanto de la Unión Europea como de los denominados “países desarrollados” en salir de la crisis del COVID-19 y recuperar el PIB previo a la pandemia.
La realidad económica que se nos presenta es complicada: un país fuertemente vinculado al exterior, que basa su economía en el turismo y en la hostelería; con un tejido empresarial debilitado; altos niveles de paro y un minúsculo porcentaje de industria.
Una economía débil y dependiente de la UE y del turismo tóxico, un país diseñado a medida para los extranjeros y su ocio destructivo que supone el 19% del PIB. En cambio, la industria supone el 14% del PIB, el mismo porcentaje desde hace décadas, a pesar de la gran capacidad del país, no se ha visto ningún tipo de evolución. Mientras tanto, la UE ha acaparado las leyes sobre la agricultura y la ganadería, abocando a la improducción y a la miseria del trabajador, contentando a los terratenientes.
#UEnoscondena La Unión Europea nos condena a la miseria. Limita nuestro desarrollo industrial, llevándonos a depender del turismo y de los servicios, haciendo a España un país improductivo, anclado a la importación y a la compra a potencias extranjeras. pic.twitter.com/7YyBK1UMUC
— Frente Obrero España (@frenteobreroesp) May 26, 2021
Se ha construido una economía destructiva y perjudicial para el país, cada vez más debilitada y dependiente, situación que se ha visto agravada por la pandemia y las restricciones de movilidad. Al no haber turistas, no hay ingresos, ni capacidad de autosuficiencia, acarreando consecuencias tan graves como la destrucción de empresas o el aumento de parados.
Empresas en su totalidad pymes, pues suponen más del 90% del tejido empresarial, se han visto duramente afectadas por la pandemia al pertenecer al sector servicios. Apenas han recibido ayuda ni protección por parte del Estado a pesar de ser un motor básico en la economía al estar, la mayoría, orientadas al turismo.
A la par de la destrucción de empresas vienen los despidos y los ERTES, aumentando así la deuda pública a niveles preocupantes y el porcentaje de paro. Específicamente el juvenil, que ya supone un 39,9%, dejando una juventud sobrecualificada y sin posibilidades de futuro.
Las consecuencias de esta crisis han sido fatales tanto para la economía como para las personas, señalando una vez más la imperiosa necesidad de transformación del modelo económico español actual, abocando a la ruina a la clase trabajadora.
