Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del Partido Popular, es directora para el Noroeste del Grupo Eulen, que ofrece multitud de servicios. Entre ellos labores de jardinería y limpieza, alquiler de maquinaria, formación de parados o vigilancia y seguridad entre otros.
Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó al poder en 2009, Eulen ha multiplicado el número de adjudicaciones recibidas por licitaciones de diversos servicios públicos en situaciones extrañas. Entre ellas, no ser la mejor oferta en lo económico, ni en lo técnico, de hecho, rara vez hay explicaciones y cuando las hay obedecen a criterios subjetivos. Cabe destacar que la ley de contratos exige que se den motivos para dar una adjudicación. También se ha dado la expulsión de competidores sin justificación quedando Eulen como único candidato o la dimisión de cargos en administraciones públicas como ocurrió en Vigo. con los gerentes del área sanitaria. También en el Sergas de Vigo, en la que Eulen no se llevó la mayor parte de los lotes del contrato (8 de 30 por 5.15 millones). Desde entonces, en Vigo los grandes contratos ya no se hacen por lotes como es habitual, y en caso de no hacerlo, deben darse motivos.
Todos los intentos de investigación de las adjudicaciones de Eulen han sido tiradas abajo. Fuente: Público
Ha habido varios casos relevantes, como la adjudicación durante la epidemia para servicios de control y seguimiento de protocolos anticovid, o la instalación de cámaras termográficas de medición de la temperatura corporal. En cuanto a servicios de vigilancia y seguridad, nos encontramos con casos como los de CRTVG (Corporación Radio Televisión de Galicia) por 3,68 millones y de la feria agroganadera de Silleda (Pontevedra) por 771.300 euros, así como la del Sergas (Servicio Galego de Saúde) que tras prórrogas y modificaciones acabó costando 9,7 millones. También se dio un caso de gestión de varios centros de personas dependientes en Lugo y A Coruña por 2,7 millones a través de Eulen Servicios Sociosanitarios. Augas de Galicia y Sogama (Sociedad Galega de Medioambiente), son otros ejemplos de administraciones públicas gallegas que contrataron algún servicio de Grupo Eulen sin justificación.
A todo lo anterior, se le suma el veto en marzo de 2022 del Partido Popular a la propuesta del BNG, por la que el Consello de Contas (órgano fiscalizador de las administraciones públicas de Galicia) debía investigar las contrataciones de la Xunta al Grupo Eulen. Se estiman un total de 139 adjudicaciones y 37 millones de euros. Al mismo tiempo que Eulen recibía todas estas adjudicaciones, Micaela fue ascendida. Primero de delegada en Pontevedra y Vigo, luego a directora regional para Galicia y por último a su puesto actual como delegada para la zona noroeste.
