A mediados de la semana pasada comenzaban las negociaciones entre el comité de empresa y Stellantis Vigo (fusión del grupo PSA con Fiat), de cara a la aplicación de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) y un ERE (Expediente de Regulación de Empleo).
De llevarse a cabo, este sería el quinto ERTE que aplicaría Stellantis, iniciándose el proceso con el inicio de la pandemia. La causa inicial de aplicar esta medida fue la escasez de microchips (la mayoría de facturación asiática), a la cual se le vendría a sumar el aumento de la inflación desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado año.
Los casi 6.000 trabajadores que componen la plantilla de la factoría automovilística, a los que se le aplica el ERTE de 60 jornadas laborables en su conjunto, pasarán a percibir el 80% de su salario. Como vemos, esta medida, con la que las empresas se ven auxiliadas por el Estado, no ayuda mucho a los trabajadores que ante el aumento de la inflación y la merma de su sueldo pierden poder adquisitivo de forma irremediable.
Pero peor suerte correrán los compañeros de los afectados por el ERTE que se someterán a un ERE, y por lo tanto perderán sus puestos de trabajo. Este afectará a 100 personas, un 2% plantilla. De las particularidades del ERE destacan las curiosas denominaciones que se le han dado a algunos de los despidos planteados, tales como: “bajas incentivadas para trabajadores menores de 59 años que quieran desarrollar un proyecto individual”.
Desde la perspectiva de los trabajadores, es lógico se opongan a la norma que ante las pérdidas de la empresa sean los trabajadores quien paguen los platos rotos, por no hablar de los escasos beneficios que tiene la intervención del Estado mediante la figura del ERTE.
También señalan lo irracional de querer aumentar la producción mientras se reduce la plantilla de la factoría. Otro problema que va en aumento es la cuestión de la temporalidad, apreciable a nivel estadístico a pesar del maquillaje que realiza la reciente reforma laboral.
Como se nos está haciendo cada vez más habitual en estos casos, los sindicatos han aprobado de forma mayoritaria estas medidas. Como única nota “discordante” han sido las declaraciones de la CIG, apostando por aumentar las jubilaciones anticipadas y realizando denuncias formales en los juzgados.
La fábrica de Citroen Vigo (matriz de la actual factoría) se abrió en 1956, acunada por los primeros años del desarrollismo franquista. Desde entonces su importancia económica y social ha sido vital para el desarrollo de Galicia en su conjunto. Estamos a hablando de que aún hoy se trata del mayor empleador privado de toda Galicia, siendo además la factoría que mayor número de coches produjo el pasado año.
Pero desde el inicio de la pandemia en la ciudad olívica han empezado a surgir rumores de cierre y traslado de la factoría, que no han hecho más que crecer con la guerra ruso-ucraniana. La factoría está ejerciendo una gran presión sobre el gobierno español para que le consiga una suntuosa tajada en los Fondos Next Generation que ha ideado la Unión Europea tras la pandemia del coronavirus.
A la espera de alguna luz en el horizonte, el panorama es sombrío para los empleados de uno de los escasos centros industriales de envergadura de Galicia. A pesar de sus críticas formales, ni la CIG se ha llegado a plantear la movilización de los trabajadores contra los despidos. Esto se suma al enrarecido ambiente de la ciudad, con el telón de fondo de la macro-exhibición de alumbrado que ha exhibido el alcalde Abel Caballero, y las disputas por la nueva construcción de una nueva ciudad deportiva del Celta de Vigo.
