Desde el pasado junio, los vecinos del barrio barcelonés de Sant Andreu han visto como su barrio se llenaba de basura. ¿El motivo? Un nuevo plan de gestión de residuos se instauraba en el barrio: la recogida selectiva Puerta a Puerta.
El proyecto piloto impulsado por el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, y la regidora del distrito, Lucía Martín, pretende mejorar el reciclaje en Barcelona. Según sus cálculos, conseguir el 55% de recogida selectiva de residuos en Barcelona ahorraría hasta 25 millones euros de aquí a 2025. Por otro lado, la retirada de contenedores supondría una ganancia de 850 m2 de espacio público que podría destinarse a otros equipamientos.
La realidad es que los contenedores se sitúan en las calzadas, mientras que las nuevas bolsas identificadas por vivienda que se depositan en la acera delante del portal correspondiente. Las basuras depositadas incorrectamente según los criterios del ayuntamiento no se recogen y se acumulan en las aceras. Además de entorpecer el paso a viandantes e imposibilitarlo a personas en silla de ruedas, Sant Andreu se ha convertido en el paraíso de ratas y cucarachas.
Así lo denunciaba el 25 de octubre la Asociación de Vecinos Sant Andreu Sud.
Los vecinos reclaman la vuelta a los contenedores normales en lugar de los buzones inteligentes instalados. Estos tienen mucha menor capacidad (120 litros frente a los 2400/3200 comunes) y, al no tener estanqueidad, filtran residuos y atraen plagas de todo tipo. Al final, indican, son «madrigueras de ratas de tecnología puntera».
Basuras con chip, brechas en la privacidad y bonificaciones
Para la implantación del sistema, cada vivienda ha recibido un «kit del Puerta a Puerta». Estos kits identificados de forma que al recogerlos se pueda fiscalizar la correcta separación de residuos. Es decir, que se hayan introducido los residuos en la bolsa destinada para ellos y que se hayan sacado a la calle el día que corresponde según el calendario de recogidas. Inicialmente, el concejal Badia solo destacaba cifras de éxito: se había logrado la recogida selectiva en el 76% del barrio. Sin embargo, la fase 2 de implantación, cuya fecha prevista de inicio era octubre, ha sido aplazada para poder revisar los errores de esta primera fase de implantación.
Precisamente, la identificación de las basuras ha sido un gran punto de polémica. Los vecinos se exponen a la identificación de los residuos bajo el pretexto del cuidado del medio ambiente. Si se produce una separación incorrecta y las bolsas se quedan en la acera, su contenido puede identificarse. A partir de ese contenido, se pueden extrapolar muchas pautas de vida y consumo de los habitantes de cada vivienda. Esto genera una brecha en su privacidad y alta necesidad de una protección de datos adecuada.
La fiscalización va acompañada de bonificaciones. A aquellas viviendas que, según los registros, realicen una óptima separación de residuos se les bonificará el 20% de la tasa actual de basuras, que fue aumentada para implantar el Puerta a Puerta. Lo que parece un incentivo al reciclaje, se convierte en una medida clasista. Aquellos hogares de rentas más altas, mejores horarios laborales o más espacio en la vivienda tendrán el tiempo y los recursos para ponerlo en práctica. Sin embargo, aquellos que por incompatibilidad horaria e imposibilidad de ajuste por espacio serán penalizados.
¿Gestión de residuos para la ciudadanía o negocio para Ecoembes?
Presentado como «acción por la crisis climática» o «acción para conseguir los objetivos de residuo cero de la Agenda 2030», el Puerta a Puerta queda lejos de beneficiar a los vecinos de Sant Andreu. Beneficia más a Ecoembes, la «organización sin fines de lucro» que gestiona el Sistema Integrado de Gestión de envases de consumo doméstico en Cataluña.
Aún con su estatus de entidad sin fines de lucro, Ecoembes cuenta con grandes supermercados—principales fuentes de desperdicio alimentario en España— y empresas como Nestlé o Pepsico en su junta de accionista. Estas empresas están entre las mayores productoras de envases plásticos a nivel nacional e internacional. Su acción medioambiental es un simple greenwashing.
Según los datos de informes anuales de Ecoembes, entre el 80,2% (en 2019) y el 80,7% (en 2020) de los envases de las empresas adheridas se reciclaron. Estos datos contrastan con los proporcionados por Eurostat, que sitúan la tasa de reciclaje municipal de España en un 35% en 2019. La gran diferencia porcentual indicaría una falta de transparencia en los datos de Ecoembes.
Aunque Ecoembes cumple con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados al publicar estos informes. Sus datos de base no son contrastables y ni tampoco el proceso de colecta. Aquello ciudadanos que quisieran estar correctamente informados, no podrían.
Las instituciones y su concesiones siguen en sus procesos de greenwashing y acciones por el clima mientras que los vecinos de los barrios esquivan ratas por la calle.
