Desde hace 13 años, los vecinos del municipio madrileño de San Fernando de Henares, llevan sufriendo las consecuencias por la mal construida línea 7b de metro. Estas obras comenzaron en 2007, como un proyecto de Esperanza Aguirre que se tenía que cumplir de forma rápida antes de las elecciones; tras las obras, se empiezan a ver las primeras grietas en las casas del municipio cercanas al metro. El proyecto inicialmente estaba diseñado para seguir un tramo recto y más corto, sin embargo, se modifica el tramo alargándolo en forma curva, esta modificación sin cambiar la fecha de apertura, ocasionando problemas que causan que se tenga que cerrar el metro en 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 y 2016 por el hundimiento del suelo, causando grietas y derrumbamientos de viviendas. Según reflejan documentos del proyecto, la existencia de capas solubles en el subsuelo que lo hiciesen vulnerable era conocida; aunque todavía nadie asume la responsabilidad de esto, la comunidad de Madrid ha aprobado ya tres presupuestos para arreglar las casas de los vecinos afectados, uno de ellos siendo de 1,7 millones de euros.
(El Baluarte) Daños en las estructuras .
A día de hoy la situación empeora, perjudicando a los vecinos de las calles de Pablo Olavide y Ventura de Argumosa, que se quejan ante una falta de información y alternativas. El ayuntamiento de San Fernando de Henares emite ordenes de desalojo, ofreciendo a los vecinos tan solo quince días para abandonar sus casas y encontrar un piso de alquiler, sin embargo, las familias encuentran esto como imposible tal y como se ha visto con anteriores casos. Testimonios de vecinos de la calle Pablo Olavide afirman que muy pocas personas se hayan en régimen de contrato, es decir, que sus familiares les alquilan la vivienda para ayudarles económicamente, otra de las quejas que tienen es que desconocen cuanto tiempo estarán cubiertos por la Comunidad de Madrid, por lo que no pueden arriesgarse a firmar un contrato sabiendo que la Comunidad de Madrid les puede dejar de pagar forzándoles a pagar el alquiler e hipotecar sus viviendas, poniéndoles en situación de completa vulnerabilidad. Denuncian además que las ayudas son tardías, pudiéndose retrasar hasta 20 días. Ante esto, lo que nos encontramos es que los vecinos de estas calles, ante la falta de opciones, se ven obligados a permanecer en sus viviendas sabiendo que aun así en cualquier momento pueden venirse abajo.
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Según el alcalde de Coslada, estas obras han causado daños en unas 200 viviendas y 15 calles, desalojando simplemente a 32 familias de las numerosas afectadas que hay, y en algunos casos siendo la situación tan grave que en Junio pasado la Comunidad de Madrid tuvo que declarar la ruina de tres viviendas de la calle de la Presa, o más recientemente el decreto de situación legal de ruina urbanística de 24 viviendas, dos locales comerciales y 39 plazas de garaje en las calles Presa y Rafael Alberti, a disposición de ser demolidas.
