Este miércoles la Esperanza Obrera comenzará a operar en el barrio obrero de Patraix, anunciando para el viernes de esta misma semana un reparto a las 12:00 en la calle Santander, donde se prevé que acudan centenares de personas. Las habituales asesorías gratuitas en materia de vivienda y laboral se verán reanudadas durante la siguiente semana en el horario habitual en el que se venía desarrollando en la c/Colón nº 80, según fuentes de la organización.
Patraix es uno de los barrios obreros más golpeados por la crisis económica. Esta ubicación “nos permite saltar de la acción simbólica, exitosa en términos mediáticos, en el centro de la ciudad y edificios públicos a construir una verdadera red de solidaridad popular con los vecinos sin la necesidad de las recuperaciones. La nueva ubicación nos permite demostrar la firmeza del proyecto que es el resultado de la solidaridad incasable de centenares de personas que nos han acompañado desde diciembre de 2020. La continuidad del proyecto ha sido posible gracias al ofrecimiento de compartir local por parte de organizaciones obreras tras la sentencia condenatoria que nos ha sido notificada en el último mes.”, según la propia organización
La Esperanza Obrera surgió en diciembre de 2020 en plena pandemia del coronavirus. Era un momento de incertidumbre, donde se elevó la pobreza y el desempleo de las capas trabajadoras de la sociedad. La recuperación de una antigua sucursal de Unicaja, en el centro financiero de Valencia, irrumpió en plena pandemia, concentrando las portadas de los medios con repartos masivos de comida caliente, alimentos no perecederos, juguetes, durante la navidad, a los que acudieron centenares de personas. Las colas kilométricas que se formaron a sus puertas denunciaban el “escudo social” que el gobierno decía haber creado para proteger a la gente más vulnerable. El espacio sirvió desde un primer momento como albergue para familias trabajadoras desahuciadas sin alternativa habitacional, por el que han pasado decenas de personas.
La recuperación del edificio fue, afirman, una acción simbólica contra el poder de los bancos y para demostrar la realidad de los trabajadores frente a su negación mediática, pero siempre se rechazó públicamente la ocupación como un fin en si mismo y lo que representa el “movimiento Okupa”. La familia Uso Ferrera, entre las cien familias más ricas de España, y el juez Mompó agilizaron el desalojo. La Policía Nacional entró, provocando multitud de lesiones, mientras se desarrollaba un reparto de alimentos en el exterior, con un saldo de 4 detenidos que fueron acusados de atentado a la autoridad. Hoy el edificio sigue sin uso.
Una semana después la Esperanza Obrera recuperó un inmueble abandonado desde hace más de 9 años por la Generalitat cuya titularidad recae sobre la Conselleria de Bienestar social que dirige Mónica Oltra. Se pudo realojar a las familias y continuar con la labor de asesoramiento en materia de desahucios, alquileres e hipotecas abusivas, así como con los repartos de alimentos y con las asesorías laborales. Pronto el gabinete de Mónica Oltra inició un procedimiento penal contra las familias que se encontraban viviendo ahí por no tener alternativa habitacional.
