Igual que sucediera con la reforma laboral, la política migratoria, la cuestión de Cataluña o tantos otros. La futura Ley de Vivienda se ha convertido en un nuevo capítulo de supuesta tensión entre el PSOE y Unidas Podemos.
Esta Ley forma parte del acuerdo entre los dos partidos de nombre “Un nuevo acuerdo para España”. Un documento que pretende situar a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.
La supuesta desavenencia tiene que ver esta vez con un nuevo escollo en la forma y no en el contenido. Podemos proponía considerar gran propietario a la persona que posea cinco inmuebles, en lugar de diez, a lo que José Luis Ábalos se apresuró a rechazar la propuesta.
El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana fue el encargado de escenificar este nuevo desacuerdo al que nos tienen acostumbrados los dos socios de gobierno.
Este nuevo capítulo esquiva la atención de las decisiones que deberían tomarse realmente sobre el grave problema de vivienda que existe en España. Esta disputa formal no atiende a las demandas del movimiento en defensa de la vivienda de España. Ni derogar la Ley de Arrendamientos Urbanos, ni declarar la Emergencia Habitacional en las principales ciudades, ni declarar ilegales los desahucios, entre otros.
📽@PabloIglesias: “La ley de vivienda es un asunto en el que vamos a ser muy cabezones porque lo que está en juego es en qué medida logramos que la vivienda deje de ser un activo especulativo y pase a ser un derecho social, tal y como establece la Constitución”. pic.twitter.com/OmyxGVgVSv
— PODEMOS (@PODEMOS) January 29, 2021