Daniel A., el joven que protagonizó la semana pasada el escrache a Yolanda Díaz en la presentación del proyecto “Sumar” en la capital valenciana, fue despedido de su puesto de trabajo el pasado jueves, al parecer, por orden directa de la Generalitat, en concreto, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, encabezada por Aitana Mas (Compromís), que vino a sustituir a la política valenciana Mónica Oltra.
Daniel trabajaba como psicólogo en el Punto de Encuentro Familiar de Torrent, gestionado por la Fundación Antonio Moreno, y que se encuadra dentro de las competencias de la Directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero.
El despido tuvo lugar después de que éste, junto a varias personas afines al partido Frente Obrero, interpelase a Yolanda Díaz mientras presentaba su nuevo proyecto electoral, al respecto de la nueva Ley de Empleo propuesta por el Gobierno, la cual otorga preferencia a los demandantes de empleo inscritos en el SEPE con base a su orientación sexual, lo que consideran “una discriminación y una manera de tapar la realidad que sufren los trabajadores”.
Una semana después de que se hicieran virales las imágenes de la acción, y, según el propio trabajador y sus compañeros, esta “se comentase entre la dirección del Punto de Encuentro Familiar”, Daniel recibió una carta de despido, con justificaciones genéricas, que argüían una supuesta falta de profesionalidad que, sin mediar palabra, debía conllevar el despido. El trabajador jamás había recibido amonestación alguna, ni quejas por parte de sus compañeros, por lo que asumió que se trataba de una consecuencia directa de su actividad política, es decir, se trata de un despido que vulnera sus derechos fundamentales.
Daniel ha asegurado a este periódico que “no es normal que despidan a alguien por su ideología, o por no estar de acuerdo con la Ministra de trabajo. Nunca me han puesto una sola falta por mi desempeño profesional. Todo el mundo conoce la relación de la red de PEFs con el actual gobierno valenciano, pero lo primero son las familias, y sobre todo los niños. No podemos permitir arbitrariedades de este tipo en un sector tan delicado e imprescindible para tanta gente”.
Daniel afirma que, aunque este se trata de un despido por motivos políticos, no es el primer despido “injustificado” en la red de Puntos de Encuentro Familiar de Valencia. Además, son varias las negligencias que se cometen en el centro y en el sector, ya que, según nos cuenta, en algunos PEF sufren una falta de personal considerable ante las necesidades y la carga de trabajo “insostenible” del servicio, que cuenta con muy pocos recursos. Añade que no hay contratada seguridad de ningún tipo, pese a haber altercados sistemáticos que implican amenazas y agresiones, en muchos casos con familias que son derivadas al recurso con sentencias de violencia de género y que dictan órdenes de protección a las víctimas.
En cuanto a las condiciones laborales, pese a ser un sector tan determinante y que depende de la administración, afirma que no se está cumpliendo el Convenio, con cuestiones como los festivos no trabajados, que no son retribuidos y los trabajadores encuentran trabas constantes para su disfrute, o la difícil conciliación laboral de los empleados, derivada de los horarios partidos.
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Daniel A. afirma que, a través del sindicato del que forma parte, el F.O.L., denunciará el despido ante la Jurisdicción Social, pidiendo la nulidad del mismo por suponer una clara vulneración de sus derechos fundamentales. El Estatuto de los Trabajadores prevé, en caso de que se declare la nulidad del mismo, la readmisión del trabajador en su centro de trabajo. Por su parte, el Frente Obrero afirma que durante las próximas semanas llevará a cabo diversas acciones de denuncia de lo sucedido, pidiendo “responsabilidades políticas” por este suceso, y la readmisión inmediata del trabajador.
