Hace apenas una semana se hacía pública la noticia de que el Govern de les Illes Balears iniciaba la exporpiación de 56 viviendas. De estas, 27 se encuentran en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza. Ante la noticia, los sectores conservadores y más liberales económicamente hablando se escandalizaban invocando el socialismo y Venezuela. Por otra parte, los partidos del gobierno autonómico no desperdiciaron la ocasión para sacar pecho de su aparente compromiso social. Sin embargo, ¿qué hay de real en estas afirmaciones? ¿se trata verdaderamente de un ataque a la propiedad de las grandes empresas? ¿o es, por el contrario, una medida más estética que real?
Satisfet d’haver signat l’inici del procés d’expropiació d’ús de 56 habitatges de grans tenidors
🏡Els destinarem a lloguer social, i es gestionarà a través de l’IBAVI
📍27 a #Mallorca 23 a #Menorca i 6 a #Eivissa
👩👩👦👦Posam habitatge a disposició d’aquells que més ho necessiten pic.twitter.com/WYGYbvTYth
— Josep Marí Ribas /♥️ (@pep_gustinet) March 2, 2021
Hoy el “exprópiese” ha sido contra los “grandes tenedores”. Mañana puede ser esa modesta casa que heredaste de tus padres (y que volviste a pagar con abusivos impuestos) Mientras ellos viven en áticos de lujo frente al mar o en casoplones en Galapagar. Es el socialismo del @goib pic.twitter.com/Eo2sEofveV
— Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) March 2, 2021
Dicha ley, fue emitida en 2018 y mandaba crear un registro de viviendas vacías que el Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) podría intervenir temporalmente para dedicarlo a usos sociales. A pesar de ello, no se trata para nada de una expropiación en el sentido estricto de la palabra. Dicha “expropiación” no supone que la propiedad pase a manos de la administración, sino únicamente se traspasa su uso. Esta “expropiación” del uso de la vivienda es efectivo únicamente por un periodo de 7 años, tiempo en el que el Govern alquilará la vivienda por sus propietarios.
Otro dato que pone en entredicho la profundidad de dichas “expropiaciones” es que los “expropiados” recibirán una compensación económica mensual. Dicha compensación se conoce por justo precio o “justiprecio”. Para que nos hagamos una idea, el precio medio mensual que el Govern pretende dar como compensación a los grandes tenedores son unos 391€ mensuales. Ello, supondrá un gasto de 1,8 millones de euros tan sólo para dar cobertura a 56 famílias.
Sin embargo, la dimensión del problema de la vivienda en Baleares va mucho más allá que lo que esta “solución” puede abarcar. Solamente en el último trimestre de 2020 los juzgados de Baleares emitieron un total de 1603 órdenes de desahucio, doblando las 883 del trimestre del año anterior. Ante la crudeza de estos datos, ¿cómo puede plantearse como un logro una ley que en 3 años de operatividad sólo ha conseguido “expropiar” 56 viviendas de bancos, fondos buitre y grandes tenedores?
