Desde las transferencias de las Leyes de Ordenación Sanitaria de las comunidades autónomas, salvo en las de Extremadura y Castilla La Mancha, se establecen las condiciones de separación de financiación y provisión. Así se han ido facilitando los modelos de gestión privados o semiprivados durante décadas.
El PSOE de Felipe González en el Informe Abril proponía las medidas que posteriormente se irían implantando. El sistema sanitario se plantea como una empresa privada con criterios de eficiencia y ahorro, estableciendo copagos en medicamentos, transporte, dietas, órtesis y prótesis. Junto a ello, la privatización de la financiación y de servicios centrales y alta tecnología, se favorece el papel de los seguros, la provisión privada, los contratos basura y salarios precarios, despidos masivos o la merma del personal necesario. Además tienen lugar las externalizaciones de los sectores más rentables como lavandería o limpieza de dentro del propio hospital.
Inicialmente, el modelo incluía solo la atención especializada, pero posteriormente se agregan la atención primaria y la sociosanitaria, entrando así el negocio de las residencias de ancianos. El modelo de iniciativa de financiación privada (PFI) comienza en Madrid en 2007 y se extiende a otras comunidades autónomas Baleares, Castilla y León y Galicia. Todo hacía prever que ante el mínimo incremento en las necesidades asistenciales se iba a dar el colapso y la falta de respuesta del sistema sanitario, como así ha sido con la irrupción del Covid-19.
Todas estas carencias son cuestiones a las que se enfrenten día a día los sanitarios. Las cifras muestran como hay 126.486 sanitarios contagiados por COVID y más de 60 fallecidos Los trabajadores denuncian que los materiales de protección siguen siendo insuficientes comparados con los que otros países.
El colectivo Sanitarios Necesarios protesta en la Gerencia de Atención Primaria en defensa de la Sanidad Pública pic.twitter.com/z0MK4KjCKY
— Europa Press (@europapress) February 19, 2021
