La actual crisis creada por la Covid-19 hizó mella en el mercado laboral español, 622.600 empleos se perdieron y la tasa de paro aumentó hasta el 16,13%.
Esto genera desesperación, la cual es caldo de cultivo para que los trabajadores acepten condiciones desfavorables, tales como las que ofrecen las llamadas Empresa de Trabajo Temporal, que esperan aumentar su número de contratos este 2021.
En 1994, el Gobierno “socialista” de Felipe González aprobó una reforma laboral en la que legalizaba esta figura que basa su actividad subcontratando trabajadores y muchas de ellas lo hacen bajo un convenio propio.
Aunque la llegada de estas ETT se entendió como un intento de acabar con el desempleo, la realidad es que este tipo de empresas contratan a miles de personas en España de forma precaria.
Según el Centro de Estudios de Pólitica Europea y la Universidad Católica de Lovaina sobre la innovación social en la industria de trabajo temporal las ETT contratan 4,5 millones de personas.
Aunque en teoría, por ley los trabajadores que entran a mediantes estas empresas deben tener los mismos derechos de los trabajadores del negocio para la que están prestando servicios, la realidad es que, en muchas ocasiones esto no se cumple.
En 2019 el Tribunal Supremo estableció que los trabajadores de las empresas de trabajo temporal (ETTs) tienen derecho a que se les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria.
Esto luego de que empresas como Qualytel, que tenía unos 6.500 trabajadores repartidos en cinco comunidades autónomas en la cual los contratos a través de ETTs representaban en torno al 25 por ciento del total, se negaran a equiparar los derechos de estos últimos con el resto de la planilla.
En 2019 el Tribunal Supremo estableció que los trabajadores de las empresas de trabajo temporal (ETTs) tienen derecho a que se les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria.
Otros escándalos más sonados fue el de los más de 50 mil españoles contratados por las ETT para laborar en Holanda. Estos llegaron atraídos por atractivos salarios, pero al llegar se les obligó a pagar a las empresa los costes de su estancia (en torno a 400 euros mensuales por una habitación doble sin ventanas), del seguro de salud en el trabajo (115 euros mensuales), y el transporte desde el alojamiento al centro de trabajo (unos 100 euros al mes).
La falta de oportunidades y la desepración generan un mercado laboral paralelo, fuera del marco legal que pone en mayor desventaja a los trabajadores, en beneficio de los que a pesar de las crisis, nunca pierden.
