El aumento del consumo de energía eléctrica es un hecho. A las tareas cotidianas que ya la requerían, se les suman otras como la carga de baterías de vehículos eléctricos o el mantenimiento de centros de datos. La cotidianidad de estas tareas no suele ir acompañada de una compresión del funcionamiento del sector eléctrico y de las políticas energéticas correspondientes.
La regulación del precio de la electricidad según franjas horarias, el cierre o la apertura de centrales de un determinado tipo o, más en profundidad, la liberalización y privatización del sector eléctrico forman parte de esas políticas energéticas.
Regulaciones energéticas en España
En los años 90 en España se suceden una serie de políticas de liberación del sector eléctrico.
Un primer paso a la libre competencia se da con la Ley 54/1997. Esta liberalización se reconoce no solo para la producción y funcionamiento, sino también para el transporte y distribución.
El mismo texto se centra en las garantías de suministro y en el desarrollo de instalaciones energéticas de régimen especial, es decir, de fuentes renovables. Para este impulso, y la reducción de gases de efecto invernadero, se propone un sistema de fijación de primas, indefinidas y reajustables cada cuatro años. El incentivo se refuerza en el Real Decreto 2818/1998.
Al inicio de los años 2000, en Real Decreto 436/2004, se permite a las empresas, especialmente a aquellas del sector de las renovables, elegir entre tarifas reguladas o precio de mercado (más una prima) a la hora de vender la energía. Así las empresas energéticas se adaptan a la tarifa más favorable, que no suele coincidir con la más favorable para el consumidor.
Durante las dos primeras décadas de los años 2000 se suceden una serie de Reales Decretos y Decretos-Ley que pretenden regular los precios de venta al libre mercado (Real Decreto 661/2007), establecer límites al déficit de tarifa (Decreto-ley 6/2009) y definir «rentabilidades razonables» y garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (Real Decreto-ley 9/2013).
En este año 2021, ha sido aprobada la Ley de cambio climático y transición energética (Ley 7/2021) en la que prácticamente se descarta el uso de energía nuclear, aunque se justifican las ayudas fiscales a la producción por combustibles fósiles. Este tipo de medidas se ajustan a los marcos regulatorios de la Unión Europea basados en el modelo fallido de descarbonización alemán.
A día de hoy se encuentra abierto para «participación pública» un anteproyecto de Ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. La idea sería obtener una recaudación para apoyar a las tecnologías no emisoras y a la cofinanciación del suministro para consumidores vulnerables. La realidad implicará un nuevo aumento tarifario para cubrir los costes generados por esta nueva carga impositiva.
Repercusiones en el consumidor y enriquecimiento de las eléctricas
Lejos de garantizar el suministro, todo estos marcos regulatorios acaban subvencionando instalaciones de carácter variable o que quedan inutilizadas. Por ejemplo, de los actuales 27,6 GW de potencia instalada en parques eólicos, no se utilizan más de 10 GW. Una situación similar ocurre con la energía solar. No siempre hay viento o sol y las tecnologías de almacenamiento no están aún ampliamente desarrolladas.
Potencia instalada en MW por sectores
Para cubrir la falta de suministro, España sigue recurriendo a la quema de combustibles fósiles en centrales de ciclo combinado. Si bien, al no ser productora, tras el cierre de minas y centrales térmicas, se crean dependencias energéticas con países vecinos. El transporte y la importación energética genera altos costes que, una vez más, recaen sobre el consumidor.
Mientras seis de las treinta y cinco empresas del IBEX35 pertenecen al sector de la electricidad, gas y energías renovables, al consumidor se le solicita consumir electricidad en la «hora valle».
Endesa, en 2020, en plena crisis ocasionada por la COVID19, octuplicó sus ingresos en comparación con el año anterior. Acciona, también en el IBEX35 e impulsora de la campaña «Sumar para restar» por el Día del Medio Ambiente, salió a bolsa con la firma de 3300 millones de euros de financiación de entidades bancarias nacionales y extranjeras.
El sector eléctrico español está lejos de ser intervenido. Sin embargo, Eurelectric, la patronal de las grandes eléctricas europeas, se ha mostrado preocupada ante esta posibilidad y la consecuente falta de confianza de inversores extranjeros.
La realidad es que la única preocupación es la del consumidor: saber a qué hora enchufar sus electrodomésticos para no arruinarse pagando la factura. Todo esto aún a sabiendas de que la «hora valle» es un 41 % más cara que hace un año.
El cambio es aún más notable si nos fijamos en los datos del año pasado. Hoy pagamos en el perídodo valle lo mismo que hace un año en el horario punta pic.twitter.com/ZT2mlNq4wI
— xataka (@xataka) June 1, 2021
