La palabra desahucio procede del verbo antiguo ‘ahuciar’ (dar confianza o crédito) y quiere decir “quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea” y “dicho de un médico: Admitir que un enfermo no tiene posibilidad de curación”. Está documentada, al menos, desde el siglo XIV.
Aunque, en nuestro país, desde la crisis de 2008, forma parte del acervo castellano en medios de comunicación y, tristemente, en los ciudadanos de a pie. Donde pasamos de 5.688 ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de 2007 a 27.597 en su pico más alto sólo en el primer trimestre de 2010.
Las causas de la caída porcentual de los lanzamientos
En el año 2021 se mantuvieron los desahucios en España en niveles históricamente bajos, aunque estos datos no se deben ni mucho menos a una mejoría de la economía de las familias. Es cierto que el número de familias expulsadas de sus hogares ha descendido un 23% respecto a 2019, según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el año 2021, los juzgados españoles ejecutaron 41.359 lanzamientos de viviendas, lo cual supone un incremento del 41% si se compara con el año 2020. En ese periodo los juzgados detuvieron su actividad durante meses a causa de la pandemia. De esos 41.359 lanzamientos un 70,1% de ellos fueron familias expulsadas de viviendas en las que estaban en alquiler.
Este descenso, como comentaba antes, no se debe a una situación boyante en la economía de las familias tras la pandemia, dado que los lanzamientos recibidos se han mantenido en niveles aproximados con lo de la época de 2019, los cuales se reducen un 4,3%.
Es lógico deducir que esta bajada del 23% de los desahucios se debe al escudo social puesto en marcha con las medidas anti-desahucio pero, aunque es un dato que alegra a quienes se pudieron beneficiar de ello, el 77% restante no se vieron amparados por dicho escudo y, pese a las promesas del gobierno, nada cambiaria para ellos.
¿Podrá el Gobierno mantener esta situación?
Al fin y al cabo hasta que no se acabe con la precariedad laboral este será el eterno enemigo para muchos trabajadores que, pese a su empeño y dedicación para mejorar su vida, verán sus esperanzas truncadas en un mercado laboral donde los contratos son temporales y, económicamente, precarios. Sí, sumado a esto, vemos que el precio de la vivienda en propiedad, en 2021, ha subido un 6.4%, según datos del INE, y que la inflación se ha disparado al 9,8%, lo inevitable, pese a los parches como el escudo social, es que esta situación, siendo muy optimistas, simplemente se mantenga.
Los trabajadores sufrieron la mayor pérdida de poder adquisitivo desde hace 20 años, en la que un salario promedio (24.395,98€ brutos) perdió 390 euros de poder de compra, pero los mayores perjudicados, como siempre, serán los salarios más bajos que debido a la subida de la energía , combustibles y gas ven como el dinero que dedican a sufragar estos gastos crece de forma dramática.
El Gobierno, entre Abril y Junio de 2022, limitará a un 2% la subida de los alquileres desvinculándola del IPC para evitar subidas que se pudieran considerar abusivas pero esta limitación es temporal. Aunque cabe preguntarse, ¿Qué ocurre con los alquileres que se actualizaron al IPC antes de Abril de 2022? Sí esa subida se efectuó antes del 1 de abril no se podrá bajar esa renta por lo que no podrá ser eludida.
De vuelta al escudo social, duramente criticado por organizaciones y colectivos sociales como los sindicatos de inquilinos, argumentando que además de tener un alcance muy reducido como se mencionó anteriormente tiene un alcance limitado. Debido a que finaliza el 30 de septiembre, lo que hace temer que cuando desaparezca esta normativa se efectúen los “lanzamientos” que, estos meses, quedaron aparcados.
