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Luces y sombras de la ley de cambio climático

El 21 de mayo de 2021 entró en vigor, tras diversas enmiendas, la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética. Esta ley adapta directrices de políticas europeas y objetivos globales al contexto español. El objetivo es descarbonizar la economía española y promover una economía circular para luchar contra el cambio climático.

central carbón

La redacción y validación de la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética comenzó en 2019. Durante el año 2020 se realizaron múltiples enmiendas al borrador inicial hasta ser aprobada en mayo de 2021. Esta ley se establece en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

El objetivo principal de esta ley es cumplir con el Acuerdo de París  para 2050. El fin es mantener el aumento de temperatura mundial por debajo de los 2 °C según niveles preindustriales. Esta media hace referencia al cambio climático antropogénico, es decir, aquel causado por la actividad humana y la liberación excesiva de CO2 a la atmósfera.

 

A su vez, esta ley se alinea con políticas europeas, como el Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea, e internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El Pacto Verde Europeo se define como un plan de acción para lograr que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. La neutralidad climática se alcanza cuando los niveles de CO2 emitidos (en industria o producción eléctrica) y los absorbidos (en espacios verdes y forestales) son iguales.

Por su parte, en materia climática los ODS esquematizan el cumplimiento del Acuerdo de París, la adaptación de políticas nacionales y la sensibilización.

Todos, incluida la ley española de cambio climático, dicen enfocarse en los ciudadanos, en «proteger la naturaleza sin dejar a nadie atrás» y en «ofrecer respuestas solidarias e inclusivas a los colectivos más afectados por el cambio climático y la transformación de la economía».

Reducción de emisiones y uso de energía renovable

Uno de los objetivos de la ley es la construcción de un modelo socioeconómico sin emisión de gases de efecto invernadero. En cifras, para el 2030 se espera reducir un 23 % las emisiones respecto del 1990; para el 2050 se debe alcanzar la neutralidad climática. También, se propone generar con energías renovables, al menos, el  74 % de la energía presente en el sistema eléctrico. A día de hoy, según datos de la Red Eléctrica de España, dicha cifra es del 54 %.

Generación eléctrica

Generación eléctrica de España. Junio 2021. Fuente: REData.

La principal fuente renovable destacada es la energía hidráulica. En concreto, la ley se centra en las centrales hidroeléctricas reversibles. España cuenta con aproximadamente 17 GW de potencia instalada de bombeo hidroeléctrico, solo superada por Italia, Alemania y Austria. El objetivo sería convertir una parte de las centrales hidroeléctricas en reversibles. Es decir, en el caso de superávit de energía eléctrica en la red, se bombearía el agua a la parte alta de la central. Esta implementación debe ser analizada desde un punto de vista de preservación medioambiental. Aunque la ley incide en el dominio público de los recursos hídricos, las diez mayores centrales hidroeléctricas españolas están en manos de capital privado (Iberdrola, Endesa y Viesgo).

Rehabilitación de edificios

Por otro lado, se hace hincapié en la eficiencia energética y rehabilitación de edificios. Este punto se adaptó tras una de las enmiendas, que incidía en la importancia de aprovechar tejados para la instalación de placas fotovoltaicas. De esta forma, se aprovecharía suelo construido y no se ocuparían hectáreas de terreno agrícola o forestal. El Gobierno pretende fomentar también la renovación y habilitación de edificios para este tipo de instalaciones y otras cuestiones de eficiencia energética. El plan de rehabilitación urbana debe presentarse seis meses después de la aprobación de la ley.

No obstante, este intento de descentralización energética no impide proyectos como Kappa, el complejo fotovoltaico que Repsol instalará en Manzanares (Ciudad Real) y que contará con tres plantas de 126,6 MW de potencia instalada y un total de 285 331 módulos solares. Tampoco impide la masificación eólica, como la vivida en Cataluña. 

Descarbonización y desconsideración del uso de energía nuclear

En el texto, se destaca que la transición a una economía descarbonizada debe ir acompañada de medidas para minimizar las consecuencias, en especial de empleo, del proceso. Estas medidas partirán de la Estrategia de Transición Justa y repercutirán en las áreas geográficas más vulnerables, especialmente las zonas rurales. El nuevo modelo productivo debe ser ecológico y fomentar el empleo de calidad. Sin embargo, muchas cuencas mineras españolas lo único que han visto es el cierre de sus centrales, según Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva, sin retorno alguno.

Aún abogando por la descarbonización, la ley no cierra las puertas al uso de combustibles de origen fósil. De hecho, en su artículo 11, indica «la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil» cuando esté «justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas».

Una posible alternativa tecnológica en situaciones de alta demanda energética, como la vivida durante el temporal Filomena a principios de 2021, sería el uso de energía nuclear. Las fuentes renovables como la eólica o la fotovoltaica son variables, mientras que la energía nuclear puede garantizar el suministro continuo. No obstante, el artículo 10 cierra las puertas al uso de esta tecnología y el objetivo es el cierre de los siete reactores nucleares hasta 2050. De hecho, se prohíbe de forma explícita la minería de uranio.

Por otro lado, también se prohíbe la fractura hidráulica (fracking).

Movilidad sin emisiones frente al cambio climático

Se destaca el papel del sector del transporte para contrarestar el cambio climático. De hecho, el  transporte por carretera supone el 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país. Según el texto, una de las principales barreras para la  descarbonización  de este sector es el desarrollo insuficiente de las infraestructuras de recarga eléctrica. Por lo tanto, se aboga también por la implementación de una mejor infraestructura de recarga eléctrica y una popularización de los vehículos eléctricos. «Esta infraestructura de recarga deberá tener una potencia igual o superior a 150 kW o a 50 kW dependiendo del volumen de ventas» y deberá estar disponible en todas las estaciones de servicio.

Para 2050, el vehículo eléctrico debe ser la única opción tanto para turismos como para vehículos comerciales ligeros. De aquí se excluyen los matriculados como vehículos históricos. Lo que no se establecen son medidas de reindustrialización centradas en la producción de estos vehículos.

A su vez, todos los municipios de más de 50 000 habitantes tienen que adoptar antes de 2023 planes de movilidad sostenible para mitigar los efectos del cambio climático. Estos planes deben incluir zona urbanas de bajas emisiones, pero no especifica si serán espacios verdes o ajardinados, zonas peatonales o simplemente restricciones o impuestos a la circulación.

Fiscalidad verde, riesgos financieros, comités y asambleas

El texto dispone la creación de «un grupo de personas expertas para evaluar una reforma fiscal que valorará la fiscalidad verde». No se detalla, sin embargo, el marco de esa fiscalidad verde, aunque puede apuntar a un lavado verde (green washing). Parte de esta fiscalidad pueden ser los impuestos al CO2 no emitido que, aun pudiendo parecer cargas impositivas para las grandes empresas, suelen suponer mayores costes para los consumidores.

Por otro lado, la ley destaca en varios apartados la necesidad de sensibilización sobre la lucha climática y, en específico, sobre los riegos económicos a los que se expone el país por el cambio climático. Las empresas tendrán que «elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero» cada cinco años y podrán compensar su huella de carbono.

Asimismo, se preve la creación de «un comité de expertos de cambio climático» que evalúe y asesore sobre las políticas y medidas de transición. También se especifica establecer una «asamblea ciudadana del cambio climático» a nivel nacional (se recomienda a nivel autonómico y municipal también) para la concienciación social de la lucha contra el cambio climático. Se contempla la participación juvenil y equitativa, pero no acciones para un cambio real de modelo.

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