El PSOE ha dado el ‘ok’ definitivo: la Ley Trans de Irene Montero será efectiva. La decisión se ha consumado tras la presión de la Federación Plataforma Trans, que quería evitar la presencia del partido en la celebración del ‘Orgullo Gay’. La ley se aprobará antes del 28 de junio, a pesar de que su prematura entrada en vigor en Canarias el 26 de mayo ya ha sacado a relucir algunas contradicciones.
Finalmente, la anti-científica ‘autodeterminación de género’ se recogerá en la legalidad española por orden de Pedro Sánchez. Carmen Calvo y el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, han sido apartados del debate en torno a la Ley por orden del Presidente para que esta pueda ser aprobada en poco tiempo.
Aprobada la LEY TRANS en España. Hormonación en niños, libre autodeterminación sin informe psicológico previo, operaciones quirúrgicas pagada con presupuesto público. Podemos acaba de firmar su sentencia de muerte
— Marc (@marcperezz18) June 12, 2021
El ‘feminismo’ que niega de la condición biológica de la mujer
Una de las mayores controversias generadas por la Ley Trans es que se permitirá la libre identificación de género, independientemente del sexo que posean las personas que quieran acogerse a ella. Esto contribuye, entre otras cosas, a negar la opresión patriarcal ejercida hacia la mujer de hecho, cuyo origen es la condición biológica. Así, Irene Montero, intentando ser útil para el movimiento feminista, facilitará el borrado de los avances sociales conseguidos por las mujeres. Por otro lado, las pretensiones del lobby queer se verán favorecidas en la futura legislación.
La nueva ley pone de manifiesto que el sentimiento individual se debe anteponer a la realidad. La diferenciación entre personas ya no dependerá del las características biológicas y tangibles; sino de cualquiera de los 39 géneros reconocidos. La sexualidad, los gustos particulares y las vestimentas serán algunas de las nuevas variables limítrofes. Las diferencias biológicas como el embarazo, la menstruación o el diferente desarrollo muscular dejarán de tener valor en la categorización jurídica de las personas.