Tras la campaña de Madrid y los recientes sucesos en Ceuta ha salido a la palestra los mal llamados “centros de menas”, que son en realidad parte de un conglomerado mas grande de centros que buscan acoger menores en situación de exclusión social . Este año se batió el récord de tutelas expedidas por parte del estado de menores, siendo un total de 50.272 (aumentando casi en 1.000 menores con respecto al año pasado). De estos se toma como medida predominante, en concreto en el 55% de los casos, el acogimiento residencial, frente al 45% en el que se opta por el acogimiento en familias adoptivas. Esto está totalmente en contra de lo que recomienda la Ley del Menor, en la que se recoge que se tiene que priorizar la acogida por parte de familias alternativas.
De las casi 20.000 plazas en centros de menores que hay en España, tan solo 937 son para menores con problemas de conducta y por motivos delictivos. Por lo tanto el 94% de estos están debido a su situación económico-social: problemas con las drogas, conflictividad familiar o escasez de recursos básicos son los motivos mas comunes del ingreso en estos centros, los cuales van desde “casas de familia”, centros de día o centros de internamiento terapéutico.
Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona : “algunas investigaciones han mostrado que muchos de los jóvenes tutelados no logran realizar el proceso de transición de forma exitosa, observándose: altos índices de paro, subempleo e inestabilidad laboral”. Cuando los menores cumplen 18 años, son expulsados de estos centros con poca posibilidad de insertarse de nuevo en la sociedad. Si no tienen un apoyo familiar estable (cosa común en estos casos) es extremadamente complicado normalizar su vida, continuar los estudios o colaborar con la producción y el avance del país siendo totalmente abandonado por las instituciones.
Las técnicas utilizadas hicieron saltar la polémica en varias ocasiones relatándose y documentándose métodos que rozan la tortura. El año pasado en el centro Tierras de Oria de Almería, se grabó como durante 13 minutos se reducía de forma brutal a uno de estos menores que acabó falleciendo.
Un gran porcentaje de estos centros están gestionados por empresas privadas que reciben miles de euros al mes en subvenciones por cada interno. Lo que provoca ciertos comportamientos mafiosos, en los que los menores se trasladan de un centro a otro con el único motivo de llenar plazas. A partir de la Ley del Menor aprobada en el año 2000, se permitió que el entramado empresarial dirigiese de forma hermética (con la excusa de “proteger a los menores”) la casi totalidad de la gestión de estos. Esto suscita grandes críticas entre los educadores, que ven sus condiciones laborales cada vez mas precarias y menores, que ven como su infancia y su futuro se mercantilizan, convirtiendo su drama humano en un dígito que gestiona una empresa, a la que le conviene que el mismo permanezca el mayor tiempo posible en su situación
