Garamendi, Escrivá, UGT y CCOO aprobaron la semana pasada una nueva reforma de las pensiones para los españoles. Termina así la vigencia de la anterior reforma de 2013, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. La nueva disposición contará con un ajuste sobre el IPC a partir del año 2022 y una serie de incentivos y restricciones que pretenderán retrasar la edad de jubilación ‘voluntariamente’.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica, dio su beneplácito alegando que “no se trata de lograrlo a corto plazo, sino de lograr pensiones dignas a lo largo de 20 y 40 años”. La exdirectiva de la CEE ha resaltado también el papel del gobierno: “estamos volviendo al consenso. Se han logrado acuerdos que hacían diez años que no se lograban”.
Además del ajuste al IPC, la reforma contempla otros dos puntos más polémicos: penalización en las jubilaciones anticipadas e incentivos para continuar trabajando después de los 67 años.
Jubilación anticipada
La ley intentará reducir las jubilaciones previas a la edad estipulada (67 años). Estaban legisladas de manera que una persona pudiera jubilarse a los 65 si había cotizado más de 35 años. Ahora, se aplicarán reducciones de un 21% para estos casos (antes era de un 16%).
Primas por continuar trabajando
El plan del ‘diálogo social’ es incentivar a los trabajadores cercanos a la jubilación a seguir trabajando. El móvil serán serie de alicientes monetarios que oscilarán entre 4.786 y 12.000 euros por año extra trabajado.
España liderará en 2027 el ranking de países con mayor edad de jubilación (67) en la UE. No obstante, hoy en día nos encontramos a la cabeza en desempleo juvenil con una tasa del 40,7 %. Es por eso que el plan de los agentes sociales parece cortoplacista para las necesidades y el futuro de la población española. Lejos de incentivar la contratación de jóvenes, el nuevo plan del ‘gobierno del cambio’ tratará de motivar a personas individuales cercanas a la jubilación para seguir trabajando.
¿Qué pensiones nos esperan?
Según los agentes sociales, con la nueva reforma, las pensiones podrán ir a la par de los precios con el fin de mantener el poder adquisitivo de los jubilados en el futuro. ¿Pero qué pasa con la juventud? Dos de cada cinco personas menores de 25 años se encuentran sin cotizar y sigue sin plantearse ningún tipo de solución para ello. Que el peso de la cotización recaiga en los mayores de 60 años en vez de en los jóvenes será una decisión cuyos efectos no podemos definir aún, pero que nos afectará directamente.
