Posteriormente al estado de alarma, el Gobierno promulgaba el Real Decreto-Ley 11/20, en que en su primer artículo se establecía la posibilidad de suspender el procedimiento de desahucio para arrendatarios que se encuentren en una situación de exclusión social o de vulnerabilidad económicas. El pasado mes de mayo el ejecutivo comunicaría en el BOE una ampliación de este Real Decreto-Ley de nueve meses, estando en vigencia la moratoria de desahucios y alquileres hasta el 9 de agosto. Estos desahucios no se podrán producir si los inquilinos están en una situación de vulnerabilidad económica, social o de vivienda, son mujeres víctimas de violencia de género o personas menores de edad o dependientes entre otros casos.
Pese a esta prórroga, el pasado mes de mayo se produjeron una cantidad ingente de desahucios a familias que cumplen todos y cada uno de los requisitos para detener sus lanzamientos. La ciudad Andaluza de Sevilla fue el epicentro de esta nueva oleada de desahucios en el territorio español.
De todos ellos el caso mas sonado ha sido el de una familia en grave riesgo de exclusión y de su hijo menor . Anabel, Juan Manuel y su hijo Hugo, de dos años de edad fueron desahuciados por la entidad Caixabank. Tras la negativa del banco a negociar, pues según la familia sus intentos fueron inútiles, el miércoles cuatro de mayo se envió a la policía nacional para efectuar el desahucio. Más de treinta personas, entre las que se encontraban militantes del Frente Obrero, se agruparon para tratar de frenar el desahucio. Tras una dura acción policial la familia fue obligada a desalojar su casa.
El ayuntamiento comentó que se les intentó ofrecer alternativas pero la familia no las aceptó. La plataforma vecinal que ayuda a la familia argumentó en cambio que e “los servicios sociales no ayudan alegando falta de recursos” y que su única alternativa es un albergue social, un lugar poco adecuado para un niño de dos años.
En el barrio del Cerro del Águila, en la misma ciudad de y la misma semana, los vecinos lograron paralizar otro desahucio, en esta ocasión de una casa propiedad de la Caixa. En esta ocasión a una madre embarazada y con un hijo de dos años. En Torreblanca también, se logro paralizar otro lanzamiento gracias a los vecinos que se agolparon y denunciaron al ayuntamiento ante su inmovilismo frente a esta situación.
