Tras casi un año de estar sufriendo la crisis del coronavirus en España, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que el sector de trabajadores que más vulnerable se ha visto han sido los que se han visto obligados a trabajar en negro. Estos que no pueden acceder a las prestaciones por ERTE ni a las ayudas a los autónomos al no estar dados de alta en la Seguridad Social. El IMV tampoco es una opción, ya que éste apenas ha llegado a un 1% de las familias trabajadoras que se han visto obligadas a solicitarlo.
La economía sumergida en España es un problema relevante, tanque nuestro país es quién tiene las cifras más altas de Europa. Nuestra economía sumergida llega a ser cerca del 25% del PIB, suponiendo alrededor de 80.000 millones de euros al año a las arcas del Estado.
Se han conocido los datos globales de las inspecciones laborales en 1.647 explotaciones agrarias: el 70% fueron sancionadas y tenían a 330 trabajadores irregulares y explotados. ¿Se entiende ahora por qué la patronal del campo exigió la dimisión de la Ministra de Trabajo?
— PabloMM (@pablom_m) February 9, 2021
El trabajo en negro llega a tal normalización que Madrid tiene sus propios puntos de subasta de empleo, estando el mayor de todos en Plaza Elíptica. En él, autónomos y pequeños empresarios van en busca de mano barata, siendo la mayoría inmigrantes sin papeles, ya que tienen prohibido el acceso al empleo legal.
El equipo de Baluarte ha podido recoger el testimonio de varias personas que se ven obligadas a trabajar de manera irregular. El perfil predominante son jóvenes e inmigrantes sin papeles, los que nos han llegado a contar en qué condiciones trabajan y como a algunos no les llegan a pagar después de realizar el trabajo.
