La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba el martes la necesidad de recurrir de nuevo a los ERTE y sancionar a las empresas que hagan un mal uso de esta herramienta. Así lo ha explicaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “No tenemos que despedir a nadie, hay que ir al mecanismo ERTE y si algunas empresas hacen un mal uso, tendrán que devolver las ayudas públicas”.
La aplicación de esta medida tiene como objetivo evitar los despidos debido a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. No es la primera vez que la vicepresidenta hace esta apuesta, durante la pandemia se llegaron a prorrogar los ERTES hasta seis veces.
Hoy el Gobierno envía un mensaje claro: ante esta crisis, no hay que despedir. pic.twitter.com/gyNqfMAIyo
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 29, 2022
Esta vez la polémica se ha levantado entorno a las restricciones del despido, incorporadas al real decreto-ley de respuesta de impacto económico de la guerra, para todas aquellas empresas que se hayan acogido a los ERTES por el aumento de los costes de la energía o cualquier otro efecto colateral del conflicto. Esta medida no impide que las empresas puedan ejecutar el despido, sino que establece como injustificados los despidos objetivos debido a los daños de la guerra. En este paquete de medidas no se incluyen compañías en ERTE por fuerza mayor ni por cierre de empresas como ya se viene alertando.
