Desde hace más de dos décadas, España encabeza las listas de la Unión Europea en cuanto a su baja natalidad. No se ha superado en este tiempo la cifra de 1,3 nacimientos por mujer en edad fértil según datos de Eurostat. La media europea se eleva a 1,5.
La baja calidad y poca estabilidad del empleo, el éxodo juvenil a otros países de la Unión y las dificultades de conciliación son las claras causantes de esta situación. En un país donde la pirámide poblacional está completamente invertida y las mujeres no pueden plantearse la natalidad sin que ello afecte a su situación laboral, el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero tiene otras prioridades. Montero se centra más en aspectos populistas que en reformas integrales en pro de la igualdad real.
Baja natalidad y desempleo: dos aspectos inseparables
No es de extrañar que los países más azotados por las últimas crisis económicas y más dependientes del turismo como fuente de PIB —los de la cuenca mediterránea— sean los que presenten unas tasas menores de natalidad. La posibilidad de mantener una familia está enteramente ligada a tener un empleo de calidad, menor rigidez horaria y disponer de unas políticas de conciliación adecuadas.
Así fue apuntado la última Encuesta de Fecundidad realizada por el INE en 2018. Las mujeres con hijos indicaban la necesidad de tener unas buenas condiciones económicas, estabilidad laboral a largo plazo y medidas de conciliación como flexibilidad horario o teletrabajo como aspectos más valorados.
Así los países con mayores tasas de desempleo y peores condiciones laborales son los que presentan tasas de natalidad inferiores.
A lo anterior le se añade el éxodo juvenil. Los jóvenes de los países de sur de Europa, entre ellos España, emigran a los países del norte en busca de mejores condiciones. De hecho, las cifras de emigración española rondan las 40 000 personas por semestre.
Se deposita de esta manera todo el peso de la natalidad en la población inmigrante. Según los datos del INE, el porcentaje de mujeres de nacionalidad española sin hijos supera siempre en varios puntos al de mujeres de nacionalidad extranjera. Estas diferencias alcanzan casi los 30 puntos en las edades comprendidas entre 25 y 29 años.
Aún así, en 2021 no hubo flujos compensatorios ni natalidad suficiente y fue el primer año desde 2016 en el que la población española se redujo.
Las prioridades de Irene Montero
Ante los datos de baja natalidad y la clara necesidad de entornos de trabajo flexibles el Gobierno no reacciona. La prioridades del Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero son otras. Lejos de trabajar por establecer medidas que aboguen por la igualdad real y fomenten la natalidad, se centran en medidas populistas de mucho ruido y escaso alcance.
Ni siquiera en el sector público se reducen las brechas que afectan al desarrollo profesional de las madres. Un ejemplo son los sexenios de investigación en los que la maternidad se reduce a una «nota» y a «la libre elección de la madre» (no del padre). En porcentajes, la empleabilidad de mujeres con hijos es hasta 10 puntos inferior que la de mujeres sin hijos (INE, 2018). La inactividad laboral también aumenta drásticamente tras tener el primer hijo.
Irene Montero, aprovechando la futura ley del aborto, ha centrado sus prioridades en establecer «bajas menstruales» para mujeres con dismenorrea. Una medida de carácter más populista que beneficioso. Para que lo fuera, no bastaría con el simple reconocimiento de que hay mujeres que sufren menstruaciones dolorosas e inhabilitantes. Sería asimismo necesario reforzar paralelamente la investigación y desarrollo de tratamientos para tal dolencia.
La norma pretende con estas bajas aumentar los derecho de salud sexual de las mujeres. Sin embargo, obvia que estas bajas podrían perfectamente estar recogidas en flexibilidad laboral o en permisos de salud general. Así no se introduciría ningún un estigma más para las mujeres frente al mercado de trabajo. Para ello, habría que trabajar activamente para conseguir las bajas por enfermedad común remuneradas desde el primer día, no desde el cuarto como sucede ahora mismo. Si los ministros Montero y Escrivá pactan esta remuneración para bajas menstruales, ¿qué les impide hacerlo para otras patologías?
A su vez, la norma contempla eliminar el IVA de los productos higiénicos para la menstruación. Se introduce un nuevo término para maquillar la pauperización de las mujeres trabajadora: «la pobreza menstrual». Es preferible optar por terminologías para enmascarar la verdadera situación de la clase trabajadora y ampliar el muestrario de «pobrezas» (energética, habitacional, menstrual…) antes que trabajar por cambios sistémicos reales.
