¿Víctima o verdugo? Ser de Podemos es un privilegio

Si de algo puede ser inocente Podemos, es de atentar contra la autoridad, más si cabe de acometer alguna lesión sobre el poder. Estos son los dos delitos por los que fue encausado Alberto Rodríguez.

Alberto Rodríguez es víctima, en todo caso, como manifestante de un montaje policial no como diputado de Podemos. Víctima sí, pero una víctima privilegiada justamente por esa condición, no un mártir y, como mínimo, colaborador necesario de sus “verdugos”. No todos tenemos la “suerte” de elegir de forma directa a nuestros verdugos.

Él, con su voto personal, puso en un papel “Maritxel Batet” y lo depositó en la urna para que presidiera el Congreso de los Diputados. Hoy la acusan de prevaricar, pero, por ahora, solo en Twitter. Él con su voto personal dijo “SÍ” a Pedro Sánchez en la investidura y, por ende, a Grande-Marlaska que ya era ministro de Interior en funciones. Él dirige la policía que le organizó el “montaje”. 

Uno no puede aceptar con su voto directo que vaya a haber montajes policiales, así en genérico y como rutina para el resto y escandalizarse cuando le toca a uno mismo ser objeto de un montaje. Cuando el montaje recae sobre un revolucionario, los de Podemos no dudan en decir/pensar “algo habrán hecho”. Es legítimo que en este artículo exprese que “por algo gobernaran juntos”. Ellos son responsables en parte de mantener en el cargo los responsables de su montaje. ¿No eran tantos los beneficios de su coalición? ¿No eran ellos los que nos iban a explicar cómo se ganaba?

Grande-Marlaska puede no evitar los montajes policiales ni acometer ningún cambio sustancial en la actuación salvaje de la UIP o en los inculpamientos a militantes con testimonios falsos para desgastar las movilizaciones con multas y penas de prisión. Sin embargo, al menos es activista LGTBIQ+ y encabeza el botellón del 8-M. Un juez salpicado por la sospecha de ser conocedor de torturas y dejarlas impunes, su aliado socialista. A que este señor sea ministro de Interior lo llaman participar del gobierno más progresista de la historia de España. A su verdugo le llama compañero de viaje. 

No se le puede quitar peso en las decisiones. Alberto Rodríguez no fue un mero diputado ni un inocente trabajador de una refinería. Si no fuera por su imputación, no dudo que todavía hoy se mantendría en el cargo de Secretario de Organización de la ejecutiva nacional de Podemos, el “fontanero” de eso que ellos llaman Consejo Ciudadano. 

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— Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) May 15, 2020

 

Si algo han tenido en común los famosos condenados de Podemos, Isabel Serra y Alberto Rodríguez, es que fueron acusados por estar envueltos en “hechos” de los que hoy no hubieran sido acusados con los cargos públicos que han tenido. A nadie le acusan de nada por ir a la manifestación contra Wert o a un desahucio a que te entrevisten los medios de comunicación o hacerte un “photocall” combativo. Ellos han tenido ni más ni menos que mala suerte por su participación en movilizaciones anteriores.

Los de Podemos no fueron juzgados ni perseguidos por ser de Podemos. Más bien sorprende que lo hayan sido a pesar de ser relevantes en Podemos. De hecho, la protesta contra el ministro Wert por la que fue acusado Rodríguez se saldó con cuatro detenidos y varios heridos, mientras que él no fue detenido. El lector seguramente no lo sepa porque los detenidos no son de Podemos. Desde aquí, un pequeño medio combativo, si me lee alguno de los detenidos les invito a ponerse en contacto con nosotros. No hemos podido encontrar su sentencia ni la pena que han cumplido, pero tememos que sea más grave que la del diputado y estaríamos encantados de entrevistarlos y dar a conocer su opinión. 

Los hechos

El policía cumple con su rutina: inculpar a unos cuantos en cada desahucio o movilización conflictiva. De alguna manera hay que justificar excesos en la carga policial. Cuando mutilan un ojo a un manifestante, no hay condenas, pero la prensa necesitará detenidos y también policías “heridos”.

Este fue el caso de la visita de Wert a La Laguna (Tenerife). La UIP arremetió contra los manifestantes con dureza. Los vídeos lo demuestran claramente. El enfrentamiento fue mínimo y corto. No es que no se vean hordas de encapuchados, es que no se ve ninguno. Sindicatos estudiantiles, asociaciones de padres y madres y sindicatos de profesores dirigieron la protesta. 

Los manifestantes se acercan a la catedral que Wert “inauguraba” y para mantener el cordón de seguridad. La UIP carga, porque no quiere que se pueda visibilizar la protesta frente a frente con el ministro, en definitiva, para invisibilizarlos. La respuesta de los manifestantes fue simplemente correr hacia atrás.

Alberto Rodríguez no fue detenido, más tarde le llegó una “cartita del juzgado” en calidad de denunciado por supuestamente acometer contra un policía que denuncia la lesión de su pierna al recibir una patada. La profesional sanitaria en el juicio dijo que no llega a ver la lesión con sus propios ojos, el paciente refiere una contusión y ella la anota en el parte de lesiones. Ella puso cinco días de recuperación en el parte de lesiones porque es lo que se suele poner al recibir una contusión. Lo de siempre. En mi opinión, las denuncias de la UIP se deberían presumir falsas hasta que se demostrará lo contrario.

Mala suerte tuvo Alberto Rodríguez de que entre todos los manifestantes le eligieran a él. Pero también la tuvo el famoso “agente del C. N. de Policía nº 92.025”, el agente que le denunció, porque en lugar de inculpar a un joven cualquiera se decantó por el “rastas” y dos años después era diputado nacional. No tengo duda, si a posteriori hubieran podido cambiar su denuncia sobre Alberto Rodríguez por un hipotético José López, camarero y conocido en su barrio, así lo habría hecho. El inspector, su superior, dijo en el acto del juicio que no había visto nada. Ni su colega le “echó un capote”.

Normalmente, el policía firma un atestado y va al médico a presentar como la lesión de un tercero: la contusión que le hizo su compañero poli “ el torpe”, el dedo que se ha doblado dando porrazos o la caída en bicicleta del día anterior. Todo para evitar que la próxima vez nadie se venga arriba en un desahucio o una protesta y les plante cara, pero estoy seguro de que el agente no quiere ir a mentir al Tribunal Supremo para que le vea su madre en Telecinco a la hora de comer.  Lo hemos vivido muy de cerca estas situaciones.

En 2021 no estaría en la cabecera de la manifestación porque ya se han encargado de desmovilizar para que frente a la reforma educativa de la ministra de Educación de Isabel Celaa, que mantiene lo esencial de Wert, nadie proteste. Por eso, no puede exigir la solidaridad, ni del movimiento estudiantil ni de nadie.

La nueva ley de educación cuenta con el “SÍ” de nuestra “victima” en el hemiciclo. Es cínico querer presentarle hoy ni siquiera por un activista. Si la multa la tiene que pagar alguien, mejor que sea él y no nuestro hipotético José López que no cobra por encima de 83.000 al año, sino 16.000 en hostelería.  

Sobre El juicio y los mitos que ha construido Podemos entorno a él

Al leer la Sentencia, nº 750/2021, que adjuntaré abajo, y analizarla poniéndola en relación con los juicios por “atentado”,” resistencia”, “desobediencia” contra la autoridad y “lesiones” que hemos presenciado en los últimos años es fácil desmontar los mitos que está construyendo Podemos, y sobre todo la excepcionalidad que denuncian.  Quiero abordar primero estas cuestiones para después valorar la sentencia. 

En primer lugar, Alberto Rodríguez fue condenado con pruebas. La prueba “determinante” es el testimonio de un agente del Cuerpo Nacional de Policía que dice en comisaria una película sobre la agresión, pero en el juicio se queda en algo muy escueto sobre que solo le dio una patada en la rodilla. No dice cuándo, ni cómo, ni desde qué posición. Afirma, además, que no le detuvo porque total ya le conocía, pero que normalmente era muy pacífico. Nadie lo pone en duda. Ningún policía de su rango, ni su supervisor, de los que estuvieron allí le ratifican. Aún así, su testimonio es suficiente para condenarle según la mayoría de los jueces. 

¿Muy injusto? Sí, pero es lo normal. Lo que hacen siempre todos los jueces de manera sistemática. La versión de la policía va a misa para todos, ellos protegen al estado y el estado les protege a ellos. Lo normal.

¿Desde cuándo la testifical del “agredido” no es una prueba? No dicen lo mismo en Podemos cuando la testigo-víctima es una mujer víctima de violencia de género, justo algo que sucede con frecuencia. ¿Dirían que un maltratador fue condenado sin pruebas? Es lo mismo a nivel procesal, el problema no es que esa prueba testifical sea aceptada e incluso pueda ser determinante para el fallo, el problema es que la policía miente sistemáticamente, que el estado nos criminaliza con pruebas falsas. Que todo vale contra los que no pasan por el aro del sistema. Esa posición de que le han condenado sin pruebas es en el fondo admitir que ha fallado un juez y no un sistema.

Ellos alimentando que un juez, por ser quien son, les condena sin pruebas alimentan la fe en el sistema porque “los corruptos son los del PP”, “los jueces del PP”, etc. Los jueces no hacen “justicia” aplican la ley del sistema, la policía no nos protege, protegen al sistema. Pero eso no da votos, para mantener que la sentencia es injusta hay que tener principios e ir contra el sistema. No poner excusas.

Podemos no tiene valor para pedir la dimisión de Marlaska, para lanzar una ofensiva sobre los falsos testimonios policiales o para depurar la policía, solo hay que ver su programa electoral. Se lo delegan a los jueces que esperan sentados que cuando el policía vaya a declarar le diga el juez “¡Uy, qué mentiroso!”. 

En segundo lugar, Podemos no quiere cambiar la legislación penal en lo que facilite que se den estas injusticias. No son ni reformistas. Nunca ponen en cuestión el delito 550 y ss. del Código Penal de “Atentado” contra la autoridad por el que tantos son condenados, tampoco exigen una reforma de la LECrim para que se sea más exigentes con las pruebas testificales en este tipo de procedimientos, o el aumento de garantías procesales en el sentido que sea. 

Jamás han criminalizado la represión sistemática en las huelgas y conflictos obreros, la ley de partidos, ni, en definitiva, la naturaleza del estado que es servir a que las elites financieras de este país mantengan su poder. Siempre se han entregado a aceptar el orden constitucional y el mito de nuestro estado social y democrático de derecho. Ellos están en el gobierno. Si no están de acuerdo con que un testimonio inventado sea aceptado por los tribunales solo por ser policía, pueden legislar. Eso es un privilegio.

Podemos prefiere responsabilizar al juez concreto que aplica la ley como la aplican siempre para decir que el Tribunal Supremo tiene una conspiración contra ellos. Alberto Rodríguez les importa entre poco y nada. Ya le han hecho dimitir, pero quieren usar su asunto para justificar a la opinión pública su obsesión por entrar en el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, y qué mejor forma que decir “los jueces nos persiguen”, “somos víctimas del sistema”. Quieren poder para los intereses de su grupo. Es decir, exigen su parte del pastel. Defienden el sistema como los que más, pero exigen participar del mismo en un plano de igualdad.

Esto es lo que hay detrás de su campaña de denuncia. Son el poder, pero no el poder entero solo un trocito muy pequeño, su lucha es por ser cada vez más “casta” no cada vez menos.

En tercer lugar, la ley mordaza no es la ley aplicable a este caso ni tiene nada que ver con el asunto. La respuesta de muchos cargos públicos de Podemos ha sido contestar que la condena de Alberto Rodríguez se hubiera evitado si el malvado PSOE, con el que gobiernan, hubiera cedido a derogar la Ley Mordaza como ellos piden.

La realidad estropea su política-performance. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, apodada con razón Ley Mordaza, no regula estos delitos. Pero es que ni siquiera se aplica en el ámbito del proceso penal. Una ley que castiga sí, pero porque faculta a la administración a sancionar determinadas conductas, pero en este caso no tiene nada que ver. Cuando un policía te pone una multa por taparte la cara en una concentración, o por hacer uso de una bengala, o por convocar una manifestación sin comunicarla previamente, se te aplica esta ley. 

Ningún juez aplica la ley mordaza para juzgar un delito de lesiones o de atentado contra la autoridad. Algunos lo afirmarán por ignorancia, porque viven pensando que las campañas electorales son la realidad y que si les quitas la razón eres de Vox, pero los juristas que lo afirman directamente mienten.

Podemos no hace política entendida como cambiar las relaciones de poder. Ellos no cuestionan el estado, ni el ordenamiento jurídico, ni la propiedad, ni el sistema en general. Su forma de entender la política es más similar a la de un comercial de aspiradoras. Ellos venden lemas. “Solo Sí es Sí”, “Stop Desahucios”, “Ningún ser humano es ilegal”, “los derechos trans son Derechos Humanos”, “NO a la Ley Mordaza”, etc. Pero no te creas que por ello van a forzar nada. Podemos no suele “poder” nunca.

En cuarto lugar, por ser diputado de Podemos tuvo un juicio privilegiado. 

Alberto Rodríguez fue juzgado y condenado por el Tribunal Supremo por los delitos mencionados. Primer privilegio. Un proceso con luz y taquígrafos, todo el país pendiente del juicio, las declaraciones emitidas por la TV y redes sociales. El fallo abría los telediarios. En la sala para su defensa abogados respetadísimos, para el recurso tendrá a su disposición más de lo mismo.

Lejos de lo que nos sucede a nosotros que nos condena el Juzgado de Instrucción de la localidad X, donde el juez por supuesto, no sabe ni nuestro nombre, ni nada sobre el asunto hasta que no nos oye declarar, aunque te condene a meses de prisión. A la prensa no le importa. La presión es para ti y tu familia, no para el juez. Porque nadie va a ir a una tertulia, o desde el consejo de ministros a acusarle al juez de prevaricar. Por no hablar de cuando te juzga la Audiencia Nacional…

El juez tan solo le da la razón a la policía y la práctica del resto de la prueba se la podría ahorrar porque ya tiene el fallo. Con una copia y pega de jurisprudencia les basta para demostrar que el policía dice la verdad y tú mientes. Te gastarás dinero en un recurso que la Audiencia también ignoraran con un Ctrl+c y Ctrl+v.  

Cualquiera es capaz de identificar que los magistrados del Supremo, con toda la repercusión mediática del caso, pueden garantizar mucho más que un juzgado cualquiera. Tanto es así que dos magistrados del Tribunal Supremo emitieron un voto particular absolviéndole de todos los cargos. El voto particular permite a un magistrado, en este caso a dos, mostrar su rechazo a la sentencia de sus colegas. Estos magistrados afirman que no son capaces de darle la credibilidad suficiente al testimonio como para fundamentar la sentencia tan solo con esa prueba. 

Los jueces más importantes del país decidiendo sobre si le multan o no y todavía quieren que pensemos que le han sentenciado a muerte sin pruebas. Roma no paga traidores es el sistema que gobiernan en coalición quien le ha sentenciado.

En cuanto al fallo de la sentencia:

Absuelto de las lesiones, porque en 2014 todavía era considerado una falta y no un delito leve esas lesiones, pero al ser considerado responsable civil, por la patada debe pagar la friolera cifra de poco más de 50 euros, poco reseñable para un diputado con un sueldo que supera los 83.000 anuales, aunque coincido en que dirigidos a indemnizar a un policía supone una tortura. Una injusticia sí, pero como al que multan por estacionar en doble fila cuando no lleva ni un minuto fuera del coche.

Del primer delito un “atentado contra la autoridad” pagará 540 euros. Su inhabilitación no le impedirá poder presentarse a las próximas elecciones municipales ni autonómicas ni nacionales.  Se le ha rebajado la pena impuesta a la inferior en dos grados porque dilaciones indebidas. Dicho de otra manera: le han tenido 7 años esperando para un juicio de multa.

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Si no se presenta a las elecciones, es porque se ha quemado y no quiere, pero nada se lo impide. Podemos entrega a su gente, el juguete se ha roto. Si el Tribunal Supremo, el agente nº 9925, y la presidenta del Congreso son capaces de mandar a su casa a un diputado por una multa que no llega a los 600 euros, es por su propia debilidad, pero que no se martirice. No les atacan fuerte es que son de papel. 

Conclusiones

Sin entrar en el “yo más”.  Lo normal, es más. Cualquier condenado de Podemos es un privilegiado tanto por el fallo como por las formas, pero sobre todo por sus capacidades de defensa: dinero, presencia mediática, influencia política, jurídica… Ellos han elegido a sus propios verdugos: lo llaman “coalición”.

Lamentablemente, se ha normalizado que cuando vas a parar un desahucio y una comitiva judicial rodeada de antidisturbios te agrede para echar a una familia trabajadora de su casa, tienes dos opciones. O bien no vas, o bien, si vas y haces un mínimo intento de defenderte o simplemente no te apartes, la decisión de si atentas contra la autoridad deja de ser tuya para depender del antidisturbios. A veces toca y otras veces no, y en el “a veces” van peticiones fiscales de ocho meses de cárcel, al que unido a unas “lesiones” te pueden pedir un año y medio de prisión porque el agente apaleándote con la porra, o a tropezones en la puerta del portal se hizo una herida. Esta “hipótesis” resultar ser el caso real de cuatro compañeros del Frente Obrero en Sevilla mientras paraban el desahucio de una mujer con discapacidad y sus hijos menores. Se pusieron en la puerta y ahora la petición fiscal asciende a ocho meses de cárcel. 

Uno atenta sin querer, lo difícil es no hacerlo. Que se entienda el sarcasmo. Nuestra policía es frágil muy frágil: al mirarlos se rompen un dedo o les sale una contusión. 

Pondré otro ejemplo de “normalidad” democrática: el desalojo que efectuaron en la Esperanza Obrera. Desalojo por el cual recusamos al juez y la Audiencia Provincial nos dio la razón. Imaginaos las garantías que se nos dieron: ninguna. Hay algún juez que no duda en tomar decisiones al margen de la ley cuando se trata de defender los intereses de las grandes fortunas como la familia Usó-Ferrera. 

Durante los hechos la policía detuvo a cinco compañeros entre ellos una señora con discapacidad que dormía en el albergue, pues a todos ellos les piden un delito de lesiones y resistencia a la autoridad. Según el fiscal cuatro policías fueron agredidos, uno de ellos con gravedad, porque necesitó puntos de pegatina en un dedo al tirar de una puerta, donde no hubo resistencia algunas más allá del clavo de una puerta que decidió romper con la mano.

En pocas palabras: quieren que pagues con prisión su torpeza. El atestado policial pone que cuatros agentes fueron agredidos por la anciana, porque propició patadas y puñetazos. ¿Os imagináis a los agentes de policía defendiendo esta versión en el juicio? Pasará, pero, como repito, no lo verás en los medios, ni se nos aplicarán las garantías de un juicio con magistrados del Tribunal Supremo. Si nos condenan, se enterarán cuatro. 

Podemos está usando lo normal, lo que nos pasa normalmente a los luchadores sociales y revolucionarios, para su parafernalia electoral. Señalan una cacería porque Eduardo Inda les llame “pateapolicías” o porque la presidenta del congreso, votada por ellos mismos y que tienen capacidad de hacer caer, cosa que no harán, ejecute la sentencia de la forma más desfavorable posible. Quién tuviera ese poder. A nosotros ni nos preguntan ni se convierte en debate nacional. 

Les es tan ajena la normalidad de la represión que se piensan que es una persecución lo suyo. Dirigentes del PML (RC) fueron juzgados por organización criminal. Se ilegalizaron las actividades del partido y se clausuraron las sedes durante un año. En el juicio en la Audiencia Nacional el fiscal solicitó la ilegalización y finalmente se quedo en nada. 

Sus “víctimas” son objeto de un linchamiento público orquestado por una parte del sistema, pero como lo fue Cristina Cifuentes que le tumbaron de la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. No por ser objeto de persecución mediática eres un defensor de los trabajadores o aportas algo como revolucionario. Ellos con sus medios de comunicación—Cntx, La Marea, Publico, El diario.es, infolibre, entre otros— también acometen linchamientos. Es una disputa por cupos de poder.

La intelectualidad podemita en la que encuadramos a los “sabios”, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero e incluso el “neutral” Enric Juliana, han buscado darle una vuelta de “tuerka” al asunto. Escriben columnas sobre los “check and balances” en España, sobre la correlación de fuerzas en el seno de los poderes del estado. Debaten entorno al descrédito que ha significado para el poder legislativo la intromisión del poder judicial. Teorizan sobre la derrota de la democracia, sobre el acceso a la carrera judicial, sobre la extracción de clase de los magistrados y su correlación con el sesgo ideológico conservador. En definitiva, teorizan.

Estos intelectuales asumen la teoría de la “cacería” para presentarnos sus pugnas por el poder judicial, aunque Alberto Rodríguez fuera juzgado por unos hechos que ocurrieron dos años antes de que fuera diputado, e incluso tan solo unos meses después de la propia fundación de Podemos. La sostienen, aunque haya sido condenado a menos de 600 euros de multa, tan grave como hacer un botellón durante el estado de alarma.

Existe división de poderes en el sistema entre diferentes grupos de presión, entre las diferentes élites que gobiernan el país e incluso entre algunos altos funcionarios y determinados sectores de las capas medias. No simplificamos la realidad. Eso se puede ver no solo en este caso si no en el de la caja B del PP que sale en un determinado momento, en los EREs en Andalucía e, incluso, cuando se publicó a Revilla fumándose un puro en una terraza. Nadie cree en la legitimad del sistema tan solo porque se entreguen los unos a los otros.

Pasan por alto que el Tribunal Supremo, al igual que todos los jueces de este país se decantan por dar credibilidad a la policía porque lo contrario seria una falla interna del mismo sistema. Son las fuerzas de seguridad del estado las que permiten que el estado se mantenga y que sus políticas ejecutivas, su legislación aprobada o sus resoluciones judiciales se ejecuten. No todo es el ideal del estado de derecho, cuando se acaba la democracia empieza la fuerza, pero donde todavía hay democracia también hay fuerza. Todo estado protege a su propia policía. 

No es una casualidad de la vida que los montajes versen sobre desahucios o protestas de hace más de siete años. Todas son previas y eso que ellos dicen que son la primera línea del movimiento social. Debe ser que con Sánchez ni hay desahucios ni una reforma educativa reaccionaria merecedora de ser tumbada por el movimiento estudiantil. Solo aprecian el carácter capitalista del estado cuando les concierne a ellos.

Por último, es especialmente vergonzoso como Podemos, como hacen los independentistas, se entregan a los brazos de la Unión Europea. “Europa nos salvará”. Europa no nos trajo la democracia, nos trajo la desindustralización, la OTAN, el euro. Su amor es un amor no correspondido, a Europa no le debemos nada. 

Están romantizando un discurso donde Europa es la solución a los problemas económicos porque nos “regalan dinero”, es la solución a los problemas democráticos existentes en España, traerán la “justicia”. Es muy diferente usar los Tribunales Europeos como órgano de apelación, como una instancia más, como una posibilidad para retractar a según quien, pero de ahí a pensar que la solución a los problemas que atraviesa nuestro país vendrá de Bruselas hay un trecho. 

Los problemas que tiene España no se pueden solucionar en la Unión Europea. Ellos secuestran nuestra soberanía nacional. No parece patriota tener que mendigar la justicia y la democracia cuando se tiene un poder enorme mediático, económico y político.

La Unión Europea hermana los intereses del capital financiero. Son los que patrocinaron que Libia sea hoy un mercado de esclavos, sus valores de justicia son los mismos sobre los que se mantiene nuestro sistema. Disfrazar a la burocracia de Bruselas y Luxemburgo como civilizadores que nos “rescatan” nos coloca en una posición neocolonial inaceptable. Podemos es la vergüenza nacional. Dirá en Bruselas ante un juez lo que no se atreven a decirle a Marlaska con el que su partido comparte Consejo de Ministros.

Toda solidaridad es poca para quien ha sido condenado por participar de una movilización estudiantil o cualquier conflicto obrero, que los hay y muchos con más que 600 euros de multa. Pero que no esperen nada los que denuncian a un magistrado concreto del Tribunal Supremo para reemplazarlo por uno suyo que defienda el mismo orden, pero que sirva a sus intereses particulares. No son víctimas son privilegiados del sistema en una posición débil condenados a desaparecer porque la mayoría de los trabajadores hace tiempo que descubrieron la estafa. 

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